Los concesionarios, “niños berrinchudos”: Ackerman

“Son los consentidos del poder autoritario”, señala

Emir Olivares Alonso

La reacción que tuvieron los grandes consorcios de los medios electrónicos de comunicación y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) por la aprobación de la reforma electoral es una demostración de que dichas modificaciones –pese a sus insuficiencias– “son un avance democrático real”, sostuvo John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En entrevista, el investigador subrayó que los concesionarios de los medios electrónicos actúan como “niños con berrinche”, porque “son los consentidos del poder autoritario”, que no habían sido tocados en sus intereses.

“Es una respuesta desmesurada la que han tenido. No les cae el veinte, no les cabe en la mente la idea de que les vayan a quitar privilegios cuando ellos han sido dueños de todo y reaccionan como niños, con argumentos tontos como el referendo por la libertad de expresión al que llamó la CIRT”, refirió.

El especialista universitario recalcó que el cambio en el discurso de los representantes de los medios electrónicos evidencia que sólo buscan promover sus intereses económicos, porque en principio “defendían a ultranza a los consejeros electorales, después venía el asunto de la libertad de expresión y los candidatos independientes, y ahora viene lo de la opacidad de la negociación en el Senado y la necesidad de un referendo. Conforme cada uno va definiéndose, van agarrando una bandera, pero realmente lo que hacen es defender sus intereses”.

Ackerman indicó que la reforma electoral aún tiene lagunas: la más importante, la referente a la transparencia; aunque reconoció que ésta tenía que sacrificarse debido al debate que se presentó en el Senado, mismo que los medios “ni siquiera reconocen”. Pese a ello, consideró que ésta “es una reforma histórica, estructural, de tercera generación. Justo lo que el país necesitaba para salir del proceso de ilegitimidad pasado (en alusión a la elección presidencial de 2006)”.

Contra los argumentos de la radio y la televisión de que ellos no son actores dentro del sistema electoral, reviró señalando que no han transparentando quiénes fueron los contratantes de 281 mil anuncios “fantasmas” durante el proceso presidencial de 2006, con lo que incumplieron el compromiso que tenían ante el IFE de que informarían trimestralmente, con factura de por medio, de todos los contratos de publicidad a favor o en contra de cualquier candidato; con lo que se convierten en “un obstáculo para esclarecer lo que sucedió en el proceso electoral de 2006”.

Subrayo que las modificaciones a la normatividad electoral no son ninguna sorpresa, pues esas limitaciones ya existían en el Cofipe, así que ahora el Senado sólo se encargó de “subirlas” al orden constitucional.

Ackerman destacó que con la reforma los mexicanos se ahorrarán unos 2 mil millones de pesos en gastos de campaña en medios masivos de comunicación, sobre todo en radio y televisión.

Asunto de neuronas, el ser conservador o liberal: científicos

La afinidad entre visiones políticas y “estilos cognitivos” también es hereditaria: expertos

La mente de conservadores y liberales reacciona distinto al mismo estímulo

Los primeros tienden a buscar orden y estructura en sus vidas, reportan científicos de Nueva York

En tanto, los segundos muestran mayor tolerancia hacia la ambigüedad y la complejidad, explican

Afp

París, 11 de septiembre. Las neuronas del cerebro de liberales y de conservadores reaccionan de forma diferente ante decisiones difíciles, según un estudio publicado en la revista británica Nature Neuroscience.

Desde que Aristóteles afirmara que el ser humano es un animal político por naturaleza, decenas de estudios establecieron una fuerte relación entre persuasión política y ciertos aspectos de la personalidad de los individuos.

Los conservadores tienden a buscar orden y estructura en sus vidas y son más coherentes a la hora de tomar decisiones. Los liberales, por el contrario, muestran una mayor tolerancia hacia la ambigüedad y la complejidad, y se adaptan más fácilmente a circunstancias inesperadas, indicó el estudio divulgado el domingo.

La afinidad entre visiones políticas y “estilos cognitivos” también es hereditaria, agregó la investigación.

Intrigado por estas correlaciones, el politólogo de la Universidad de Nueva York, David Amodio, y varios colegas decidieron determinar si los cerebros de liberales y conservadores reaccionaban en forma diferente a los mismos estímulos.

A un grupo de 43 personas se le solicitó realizar una serie de pruebas informáticas diseñadas para evaluar su respuesta ante pautas ideadas para romper una rutina bien establecida.

“La gente suele regresar a casa desde el trabajo por el mismo camino, un día tras otro, hasta que eso se vuelve un hábito y no requiere pensar mucho”, explicó Amodio.

“Pero ocasionalmente la calle está en reparación, o quizás un animal la está cruzando, y uno tiene que romper una respuesta habitual para hacerse cargo de la nueva información.”

Usando electroencefalogramas, que miden impulsos neuronales, los investigadores examinaron la actividad en una parte del cerebro –la corteza cingulada anterior– que está fuertemente vinculada con el proceso de autorregulación del control del conflicto.

Quienes se habían autodenominado liberales mostraron “significativamente mayor actividad neuronal relacionada con el manejo del conflicto” cuando la hipotética situación instaba a un cambio de rutina.

Los conservadores, sin embargo, eran menos flexibles, y se negaban a cambiar viejos hábitos “a pesar de señales de que éstos (...) debían cambiarse”.

Si esto es bueno o malo depende obviamente de la perspectiva de cada uno: uno puede interpretar los resultados con que los liberales tienen una mente abierta y que los conservadores son rígidos y tercos.

O uno puede concluir igualmente que los liberales no tienen personalidad ni defienden sus ideas, mientras los conservadores son leales e inquebrantables.

¿Qué está primero: el modelo de actividad neuronal que cada uno tiene o la orientación política? Amodio es renuente a dar una respuesta definitiva.

“Los mecanismos neuronales para el control de los conflictos se forman tempranamente en la infancia”, y probablemente se originan en parte de la herencia genética de los individuos, dijo.

“Pero aunque proporcionan un modelo para orientaciones más liberales o más conservadoras, los genes están determinados sustancialmente por el ambiente que rodea al individuo a lo largo de su desarrollo”, advirtió.

La cuerda

Luis Javier Garrido

La grave crisis política en que se halla México como resultado de la imposición fraudulenta del panista Felipe Calderón en la silla presidencial en 2006, se ha agravado nueve meses después por el fracaso completo de la gestión del gobierno de facto calderonista, que está llevando al país a un mayor empobrecimiento y desempleo y a una más extrema dependencia del exterior, y ante el desastre de su gestión, el equipo de Los Pinos aparece ahora dispuesto a cualquier iniciativa con tal de alcanzar dos objetivos que cree posibles: obtener los recursos que necesita y alcanzar así una cierta “legitimidad”, pero está teniendo una oposición desde su interior.

1. La “reforma del Estado” que se anunció pomposamente en febrero, se está quedando en consecuencia en septiembre como una reformita electoral más, en la que la mafia política panista-salinista en el poder no está aceptando que el país se democratice, sino buscando que el régimen consolide su dominación y al mismo tiempo alcance un mínimo de esa anhelada “legitimidad”.

2. La remoción del indeseable Luis Carlos Ugalde, el presidente consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), que fue uno de los artífices del fraude y de sus cómplices, ha suscitado una polémica dentro del grupo calderonista que no puede ocultar la gravedad de la crisis.

3. La derecha mexicana en el poder está dividida en torno a la remoción de los integrantes del Consejo General del IFE, que ante la historia mexicana han pasado ya como actores fundamentales del fraude electoral de 2006, pues mientras un sector de la misma entiende que su presencia en el cargo perjudica al gobierno de facto de Calderón, pues no tienen credibilidad alguna al ser un lastre, otro entiende que su salida implicaría el reconocimiento de su papel en el fraude.

4. El sector negociador del grupo gobernante entiende por un lado que Ugalde y el resto de los consejeros impuestos tras aquel acuerdo entre el gobierno foxista y Elba Esther Gordillo llevado a cabo en casa de Salinas, son personajes irrelevantes que a pesar de haber estado excepcionalmente remunerados no supieron encubrir su actuación ilegal y los turbios servicios que le prestaron al PAN y al régimen, y que su salida le permitiría al gobierno espurio intentar levantar al IFE del desprestigio en el que se halla y tratar por otra vía de legitimar al gobierno de facto al desligarse de la Gordillo y acercarse a las corrientes derechistas del PRD, al mismo tiempo que negociar medidas fiscales con el PRI ante su desesperante carencia de recursos: salir, en una palabra, de la crisis.

5. En una de las reglas “no escritas” de las mafias criminales –y la que ejerce el poder político en México en nombre de turbios intereses económicos es ejemplo de ello–, quienes ejecutan las órdenes de arriba son fácilmente prescindibles, mucho más si se trata de personajes oscuros como los funcionarios del IFE, y por ello no debe extrañar lo que acontece. El propio Calderón es también prescindible para los mafiosos que mandan en el país, mucho más ante el desastre de su gobierno, y él lo sabe, de ahí que la cuerda se rompa ahora por lo más delgado.

6. Los sectores más obtusos y torpes de la extrema derecha en el poder creen por el contrario que la salida de Ugalde y sus cómplices del IFE supone una confesión del fraude de parte del gobierno de facto y que éste no debe ceder en nada, por lo que están orquestando una vasta campaña mediática de desinformación. Los dirigentes de grupos empresariales, como el presidente de Coparmex, que envía airados mensajes, los periodistas que impulsaron el fraude y ahora lo niegan y los académicos y escritores que sumidos en la histeria publicaron un desplegado en múltiples periódicos oponiéndose a la remoción (Milenio Diario, 5 de septiembre), pretenden creerse sus propias encuestas y no darse cuenta de la realidad.

7. El marco legal en que se llevarán a cabo las elecciones legislativas de 2009 y las presidenciales y legislativas de 2012 no va a ser mejor que los del pasado, a pesar de que se logre la salida de los corruptos consejeros del IFE y se propicie la renovación del órgano encargado de organizar y vigilar los procesos electorales, pues sus insignificantes logros serán letra muerta, ya que no hay voluntad democrática en la mafia en el poder.

8. Las campañas negras serán prohibidas, por ejemplo, en la letra de la nueva legislación, pero éstas han seguido todos estos meses, como se comprueba al escuchar todos los días las informaciones en las principales radiodifusoras o ver los espacios noticiosos de Televisa y Televisión Azteca, en los que de manera sistemática se pretende engañar y desorientar a los mexicanos.

9. La reforma electoral que se discute no atiende, por otra parte, a otras cuestiones fundamentales: no somete al Ejecutivo a la legalidad constitucional, prohibiéndole expresamente violentar las libertades electorales del pueblo y abriendo la posibilidad de destituirlo por ello, no establece amplios mecanismos de participación democrática, no reconoce plenamente los derechos de los ciudadanos en los procesos, no prohíbe el financiamiento privado de partidos y campañas, no sanciona con precisión los delitos electorales ni establece causales claras para anular las elecciones, deja intocado y en extrema discrecionalidad al tribunal electoral, que ha sido y es un instrumento de la derecha panista.

10. La vía electoral seguirá abierta para el pueblo, pero siempre y cuando éste sea capaz, a pesar del marco jurídico existente, de resistirse a las presiones ilegales y defender su voto, impidiendo por todos los medios las manipulaciones y las imposiciones de una mafia que ha confiscado en su beneficio los derechos de todos.

La reformita electoral

John M. Ackerman

La propuesta de reforma constitucional presentada de manera sorpresiva en el último día de la gestión de Manlio Fabio Beltrones como presidente de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado no responde a las demandas ciudadanas ni atiende de fondo las graves carencias en materia electoral. Esperábamos una reforma histórica que ayudara a rencauzar nuestra democracia, tan agraviada por la impunidad, la simulación y la falta de legitimidad. A cambio se nos ofrece una propuesta reducida, que deja fuera los asuntos medulares.

Quizá lo más preocupante sea la rotunda resistencia de los legisladores para detener el cada vez más abundante flujo de recursos que llevan nuestros impuestos a las arcas de los grandes consorcios televisivos. Al parecer seguiremos con el régimen de costumbre en que el dinero y las “buenas relaciones” con las televisoras decidirán la suerte de los candidatos.

La propuesta de Beltrones no reduce en lo absoluto el financiamiento anual para las actividades ordinarias de los partidos, sólo se limita a reducir el financiamiento adicional que se les otorga en años electorales. Lo que tal reducción provocará, si no se transforma de fondo el régimen de contratación de medios, es la búsqueda desesperada por parte de candidatos y partidos de fuentes alternas de financiamiento. Los narcotraficantes, sin duda, estarán muy complacidos con la oportunidad de llenar el vacío que súbitamente se les abre.

Del mismo modo en que los legisladores y los partidos mostraron su indigna subordinación ante los grandes consorcios mediáticos con la aprobación de la ley Televisa, hoy también se niegan a enfrentar el poder fáctico de la gran pantalla. Nuestros políticos tampoco se atreven a enfrentar la intervención indebida del sector privado en las campañas electorales. El código electoral ya prohíbe de manera explícita los donativos de empresas mercantiles y la contratación de propaganda de parte de terceros. El problema no era la ausencia de prohibiciones, sino de sanciones explícitas, argumento que ha sido esgrimido por el IFE, el tribunal electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para justificar su total pasividad frente a graves violaciones que se cometieron en el proceso electoral pasado.

Con la reforma se abre la posibilidad de que el IFE pueda sancionar económica o administrativamente a las “personas físicas o morales”, además de que se anula el llamado secreto fiscal. Esto podría implicar un avance si la ley secundaria reglamentara estas facultades con toda precisión. Sin embargo, la propuesta deja totalmente fuera la aplicación de sanciones penales a los actores privados que violen la ley. Como bien sabemos, la amenaza de algunas multas aquí o allá nunca detendrá las ambiciosas tendencias de los grandes intereses económicos del país. La cárcel, en cambio, sería un desincentivo más efectivo.

Los integrantes de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado también han mostrado su total falta de compromiso con la ciudadanía, al dejar completamente intacto el actual proceso de nombramiento de los consejeros electorales a partir de las propuestas de grupos parlamentarios. Tal procedimiento garantiza que los nuevos funcinarios deban sus puestos de manera directa a uno u otro partido. Por muy “ciudadano” que sea su perfil, los nuevos consejeros estarán marcados de origen.

Otras propuestas sumamente preocupantes son la cancelación de la posibilidad de anular comicios por la vía “abstracta”; la eliminación de la facultad de la Corte para investigar de oficio “la violación del voto público”, y la ausencia de algún pronunciamiento con respecto a la autonomía de la Fepade.

Los partidos seguramente anunciarán que el plan es arreglar estos y otros problemas a la hora de aterrizar las reformas constitucionales en la ley electoral. Pero la historia nos enseña que tales afirmaciones son poco más que una cortina de humo. En 1989, en aras de conseguir el apoyo del PAN para la reforma constitucional, los legisladores del PRI firmaron una “carta de intención” en la que se comprometían formalmente con el contenido de la ley secundaria. El tricolor tardó menos de tres meses en desconocer el contenido de la famosa carta.

En 1996, después de meses de negociación y una reforma constitucional aprobada por consenso, el PRI, sorpresivamente, cambió de postura y aprobó por la libre la nueva versión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso permitió que de última hora el monto del financiamiento público para los partidos se quintuplicara, que los candados para evitar que militantes fueran al mismo tiempo funcionarios electorales se desvanecieran, que el alcance de las coaliciones se acotara, que la fórmula para distribuir los tiempos oficiales se modificara por completo, y que las penalizaciones por la violación de topes de campaña se atenuaran de forma importante.

Estamos en una coyuntura crucial. Lo que no se incluya en la actual reforma constitucional muy difícilmente se podrá incorporar mañana. Más vale que los legisladores rectifiquen hoy, en lugar de lamentar durante años las grandes oportunidades perdidas en aquel otoño de 2007.

Integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM


Sobre este artículo anexo lo que le escribí a Ackerman y también su respuesta.

Hola, John:

Hace tiempo tuve el gusto de saludarte en un coloquio sobre la postura del IFE de no abrir los paquetes electorales. Me gustó mucho tu artículo de hoy en La Jornada. No había leído nada tan elocuente y tan bien pensado. Pero me extraña un poco que hayas omitido comentar algo que una reforma electoral a fondo necesariamente hubiera contenido: la segunda vuelta.

Como uno más de los que vieron el fraude en la cuestión numérica, soy de la opinión de que el lema de que en la democracia se pierde o se gana por un voto es totalmente falso, por lo menos en el sentido estadístico, pues es imposible realizar una contabilidad tan compleja con un error de cero votos. Es decir que en todo proceso de medición hay un error inevitable. La segunda vuelta es insustituible si se quieren tener elecciones que expresen de forma clara la preferencia ganadora, cuando el margen de error es conmensurable con la supuesta diferencia de votos. Y eso aseguraría que no tuviéramos otro mr. 0.56%, parafraseando a Julio Hernández López.

Ciertamente, esa reformita (¿peor es nada?) le va a costar el poco honor que le queda al PRD.

Gracias por el mensaje Luis. Lo de la segunda vuelta no me convence del todo
porque podría crear una pulverazición de los partidos así como facilitar las
alianzas en contra de un candidato fuerte de izquierda....o al menos esto ha
sido precisamente el impacto que ha tenido tanto en Brasil como en
Francia...pero también entiendo tu postura.