Las facturas

Luis Javier Garrido

El pueblo de México, además de sufrir la imposición de un gobierno ilegítimo, está teniendo que pagar ahora las facturas del fraude electoral de 2006.

1. El panista Felipe Calderón, impuesto en la silla presidencial por la vía del fraude, no ha sido capaz de gobernar y se ha pasado casi un año pagando las facturas a aquellos que lo impusieron, otorgándoles cuotas de poder político o contratos y concesiones, con un costo incalculable para la nación, que ha entrañado además un deterioro institucional sin precedente en la vida del país.

2. El saldo inmediato de la supuesta gestión de 11 meses de quien es un gobernante ilegítimo está a la vista: compromisos inconfesables con la administración republicana de Washington, que lo han llevado a entregar parcelas de la soberanía nacional a agencias del gobierno estadunidense y ante el desastre de su administración de facto a hacerle nuevas concesiones, negocios y prebendas tanto a quienes lo financiaron ilegalmente como a aquellos que implementaron el fraude. Es decir, el pago de facturas con cargo, desde luego, al pueblo de México, como se está haciendo con el Fobaproa, con las carreteras y los ingenios, y todo aquello que se privatiza.

3. Las consecuencias políticas de la imposición fraudulenta no son menos graves, pues el caos administrativo que se ha creado evidencia una incapacidad manifiesta del gobierno espurio para asumir sus funciones, ya que está dejando el ejercicio de muchas de sus responsabilidades a los poderes fácticos (de la seguridad pública hasta la educación, la salud o la seguridad social) o al Congreso, todo lo cual ha traído en consecuencia un desastre gubernamental marcado por la corrupción y la incompetencia y, sobre todo, por un caos institucional, como acontece en el caso de las fuerzas armadas, usadas primero inconstitucionalmente en tareas de seguridad pública y más tarde puestas a las órdenes de policías estadunidenses, y cuyo desprestigio nunca había estado tan abajo.

4. La intervención abierta de la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) y de otras agencias del gobierno de Bush en territorio mexicano no había sido nunca tan abierta, y el Ejército Mexicano, que en la propaganda oficial “lucha contra el narco”, en los hechos obedece a órdenes de Washington, por la decisión de Calderón de actuar como “un pelele” en la materia, como se ha visto con la extradición de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos y en el “descubrimiento” del caso del chino Zhenli Ye Gong o, como se ha documentado ahora, con las capturas de El tigre y de La reina del Pacífico (La Jornada, 15/10/07).

5. El riesgo de que el gobierno de facto, encabezado por un individuo carente de patriotismo, siga entregando como un pago de facturas no sólo los recursos estratégicos de la nación a trasnacionales, sino el control del territorio nacional a Washington es muy grande, en especial luego de la Cumbre de Seguridad y Prosperidad de Montebello (Canadá), realizada del 20 al 21 de agosto, y ante el anuncio de la exigencia de Bush de que se acepte ya abiertamente el control estadunidense del territorio mexicano en un Plan México, que se elabora en la sombras y que la Cámara de Representantes discutirá el 25 de octubre.

6. El pago de facturas no ha conducido únicamente, en consecuencia, a que exista en el país un vacío de poder institucional o a que Calderón haga el ridículo ante Vicente Fox –quien ocupa espacios periodísticos mucho mayores que aquel a quien impuso por el fraude y que está obligado a aguantar los desplantes de su predecesor y a protegerlo–, o ante Elba Esther Gordillo –a quien ha cedido como pago espacios claves de la administración al haberle agenciado más de un millón de votos fraudulentos–, sino a que se comprometa por mucho tiempo el futuro de México como país soberano e independiente.

7. Desbordado estos meses por el pago de cuotas y por tratar de controlar a su administración y apoderarse del aparato del PAN, Calderón ha tenido que enfrentar además a su peor preocupación: Andrés Manuel López Obrador, que con terca voluntad republicana está tratando de demostrar que se puede desde abajo, por la voluntad popular, detener medidas impopulares y frenar a un gobierno ilegítimo. De ahí la obsesión calderoniana por cooptar a dirigentes del PRD que lo avalen.

8. A este Ejecutivo de facto, en manos (formalmente) de un individuo sin autoridad moral ni política, que llegó por la vía del fraude y que está confiscando la soberanía nacional y entregando el control de los recursos estratégicos de la nación al extranjero, es al que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sin ningún argumento jurídico ni político, ni mucho menos ético, exige que se le reconozca porque, afirma, “él es el que gobierna” (La Jornada, 18/10/07). Según esta lógica, los liberales hubiesen tenido que reconocer a Santa-Anna en 1853 o los revolucionarios a Victoriano Huerta en 1913.

9. Dos días antes, el gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel había dado su razonamiento: el PRD debía reconocer a Calderón porque de lo contrario, dijo, se estaría aislando (Milenio Diario, 15/10/07), aunque no precisó de quién o de qué.

10. El costo que ha tenido para la nación la imposición fraudulenta de Felipe Calderón es incalculable, pero ese hecho histórico ha tenido al menos un beneficio para el país: ha deslindado los terrenos y obligado a las definiciones, colocando a cada quien en el lugar que le corresponde.

El monopolio

Luis Javier Garrido

La elección fraudulenta de Felipe Calderón en 2006 ha traído múltiples consecuencias regresivas al sistema político de México, y la más importante es la de estar conduciendo a un fortalecimiento del autoritarismo.

1. La llegada de Calderón a Los Pinos por la vía del fraude lo condujo a tratar de superar su debilidad política disfrazándose de militar y ordenando una escalada de la violencia represiva en contra de los movimientos sociales sin importarle los derechos fundamentales de los mexicanos. El fracaso de su gobierno de facto en unos cuantos meses, en los que no ha hecho más que pisotear las garantías sociales a fin de cumplir con el mandato que tiene de los poderes trasnacionales, está llevando, sin embargo, al grupo de Los Pinos a una escalada de la violencia represiva y a reformular el esquema autoritario.

2. La historia muestra que todos los gobiernos espurios tienden inexorablemente al autoritarismo a consecuencia de su carencia de un respaldo popular y del hecho de que no cuentan más que con el apoyo (no siempre incondicional) de las fuerzas golpistas que propiciaron y avalaron la usurpación, lo que los lleva a prevalecer por la fuerza y no por el consenso, como se ve en el México actual.

3. La afirmación delirante de Calderón de que él tiene el “monopolio del poder”, hecha en el aniversario del 2 de octubre, es preocupante no sólo por la ignorancia constitucional y jurídica de éste y de sus asesores, que desconocen de hecho el régimen constitucional de México, sino por la amenaza que entraña viniendo de un individuo desquiciado como Díaz Ordaz, carente de ascendencia moral y política y sin dignidad alguna para gobernar, ni siquiera como espurio.

4. El conflicto latente con el Vaticano es un ejemplo de ello, pues las afirmaciones del obispo Dominique-Joseph Mamberti (secretario para Relaciones con los Estados) exigiendo nuevos cambios constitucionales (2 de octubre) son abiertamente intervencionistas y transgreden las prácticas diplomáticas, pero no merecieron rechazo alguno de Los Pinos ni de Relaciones, asumiéndose que Calderón debe pagar la factura por la participación de la jerarquía católica en el fraude.

5. La descabellada afirmación de Calderón se sitúa en la línea de los tres anteriores titulares del Ejecutivo –Salinas, Zedillo y Fox–, que auspiciaron a su vez una permanente campaña para denigrar al Poder Legislativo, conforme al proyecto neoliberal definido por los organismos financieros internacionales, para los cuales en cada Estado nacional debe prevalecer un poder central sometido a sus dictados, las políticas públicas las deben instrumentar oscuros funcionarios dependientes de ellos (la tecnocracia) que las negocian con la “clase política”, dejando la mayor parte de las antiguas funciones estatales en manos del capital privado. La señora Josefina Vásquez Mota (titular de la SEP), quien estos días aparece en los medios anunciando Pepsi-Cola, sería el mejor ejemplo del “buen funcionario neoliberal”.

6. La actual campaña negra contra el Congreso y el sistema representativo no extraña por lo mismo, pues existe desde hace 20 años tras de que las Cámaras alcanzaron mayor pluralidad, aunque ninguna había alcanzado los niveles de los reclamos publicitarios de denostación que Tv Azteca empezó a difundir el día 3, que no van dirigidos contra los legisladores, sino contra el Poder Legislativo en su conjunto, con la lógica obvia de que si no hay (aun con todos sus vicios y defectos) un órgano de representación popular medianamente legítimo, sólo quedan el gobernante usurpador y los poderes de facto.

7. Las modificaciones constitucionales en materia político-electoral, que entre otros aspectos prohíben a los partidos contratar directamente propaganda con los medios, así como la propaganda negra, podrían por consiguiente no hacer perder multimillonarias sumas a televisoras y radiodifusoras, como muchos suponen, de alinearse éstas en el esquema de la ultraderecha mexicana, que les permitiría recuperar esas pérdidas con la propaganda de Los Pinos. Los partidos tendrán menos propaganda luego del cambio constitucional, pero el usurpador del Ejecutivo no tendrá límites y por esa vía podrá además controlar mejor a los medios: tendrá de hecho el monopolio de “la propaganda institucional”.

8. Los medios, al parecer, lo han entendido, pues el miércoles 26 al ser convocados a Los Pinos para transmitir el mensaje por el que Calderón buscaba desresponsabilizarse del aumento a los precios de la gasolina y el diesel, que él decidió y promovió, posponiendo su entrada en vigor unas semanas, no lo hicieron, por lo que se preparó el comercial pagado, que ha sido transmitido miles de veces, por el que Calderón miente una vez más a los mexicanos negando su responsabilidad en el alza y tratando de culpar de ella a los legisladores que la votaron, y que sólo fueron sus cómplices.

9. La reforma que urge en el país en esta materia es, como se ve, muy amplia, pero muy difícilmente la harán los legisladores al rediscutir la legislación de medios, pues supondría al menos dos cuestiones urgentes: a) prohibir a las concesionarias seguir usando sus espacios, y en especial los de noticias, antes o durante las campañas electorales, para hacer propaganda política, y b) prohibir toda propaganda oficial, y en particular la del Ejecutivo, salvo aquella que sirva para transmitir información útil y urgente.

10. Los avances que se pretende tienen las leyes no logran ocultar la realidad de los retrocesos que se están produciendo en el país y que están llevando a consolidar otra forma de monopolio del poder político, ahora en manos de unos cuantos, pues lo ejerce en apariencia un titular de facto del Ejecutivo, pero éste no es como lo establecen las leyes un servidor de la nación, sino un simple sirviente de los poderes fácticos.