Negociaron partidos en lo oscurito para conseguir el control del IFE

La opacidad propicia que sólo algunas personas y grupos intervengan en el proceso, dice

Preocupa la pretensión de modificar el funcionamiento colegiado del Consejo General

Alma E. Muñoz

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral –integrado por académicos como John Ackerman y representantes de organizaciones civiles, como Clara Jusidman, Miguel Concha Malo y Elio Villaseñor– advirtió que los partidos políticos que encabezan las modificaciones a las leyes secundarias en la materia, especialmente al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), trabajan sin transparencia, buscan controlar a la autoridad electoral y limitar su autonomía.

Dicha “opacidad propicia que solamente algunas personas y grupos de interés con acceso a los congresos y representantes de los partidos políticos, que realmente están diseñando la reforma, intervengan en el proceso de cambios legales y en la selección de los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para promover sus intereses personales y de grupo”, sostuvo el comité en un documento.

Indicó que las reuniones de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos “se llevan a cabo con documentos que se han hecho del conocimiento de sus integrantes con muy poca anticipación, y sobre los cuales se formulan observaciones por escrito, sin discutir ni ventilar los argumentos de cada una de las fuerzas políticas”, cuando en esta reforma, señaló, deberían participar todos los grupos parlamentarios y la ciudadanía.

De lo poco que se conoce sobre las propuestas de reforma a las leyes secundarias, el Comité Conciudadano encontró “preocupante la pretensión de modificar el funcionamiento colegiado y democrático del Consejo General del IFE, así como el intento de que los partidos políticos tengan mayor intervención en la vida y decisiones del mismo”.

En el texto, el comité subrayó que detecta “una clara intención de los partidos políticos por crear una estructura de acuerdo con sus necesidades de control, asignando a la nueva contraloría del IFE atribuciones y recursos que socavan sustancialmente la autonomía de la autoridad electoral”, como asignar al contralor funciones de vigilancia sobre conductas y decisiones de los consejeros en el ejercicio de sus atribuciones.

Las reformas al Cofipe, afirmó, “son omisas respecto de prácticas de simulación que propicia la evaluación del servicio profesional electoral, y no atienden las grandes disparidades en retribuciones” dentro del organismo; tampoco consideran cambios indispensables en su estructura y organización.

Pidió a los legisladores garantizar que no aplicarán en las reformas un “procedimiento de simulación”, y solicitó que la designación de consejeros se realice de manera transparente. También demandó que se legisle acerca de la protección de programas sociales, para evitar su uso con fines electorales; que se establezca un fondo para la observación electoral; se realicen adecuaciones para hacer eficaz y reducir los costos que implica la organización del voto de mexicanos en el extranjero; que se garantice un sistema electoral más accesible a la población, que proteja de manera efectiva sus derechos, y la protección efectiva de la “intimidad de los ciudadanos frente al abuso de los medios de información y de la publicidad exterior con fines de propaganda electoral”.

Además de los antes citados, integran el comité Hugo Almada, Silvia Alonso, Roy Campos, Jesús Cantú, José Antonio Crespo, Eréndira Cruz Villegas, Óscar de los Reyes, Rogelio Gómez Hermosillo, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Marcos Leyva y Brisa Solís, entre otros.

Advierten expertos sobre riesgo de que la reforma electoral quede deslavada

La legislación secundaria podría minimizar los beneficios del proyecto, señalan

Algunos cambios atentan contra el “espíritu de ciudadanización” de los procesos políticos

Ciro Pérez Silva

Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) son un retroceso al espíritu de ciudananización de los procesos políticos, al permitir una mayor injerencia de los partidos en los trabajos del Instituto Federal Electoral (IFE), además de que agudizan la debilidad de los consejos estatales, que no tuvieron los medios para dar certidumbre al proceso presidencial de 2006, advirtieron integrantes del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE).

En conferencia de prensa, Irma Eréndira Sandoval, Clara Jusidman y Ana Saiz manifestaron además su preocupación de que a una reforma constitucional fuerte en materia electoral le siga una legislación secundaria que la “deslave y deje todo igual o peor”, al referirse, entre otros problemas, a la presión de los medios electrónicos de comunicación para evitar las sanciones sugeridas en una primera instancia ante el incumplimiento de la nueva legislación.

Si bien los especialistas reconocieron importantes avances en la nueva ley, John M. Ackerman y Alberto Aziz destacaron que el logro “que se nos quiere vender como el mayor, que es el de la reducción presupuestal a los partidos, no es tal”, aunque sí se consiguen objetivos importantes en relación con lo sucedido en las elecciones presidenciales de 2006, como en lo que toca a los medios de comunicación y su participación en los procesos.

En nombre de los integrantes del CCRE, Rosa María Rubalcava destacó que “si los legisladores no fortalecen las instancias ciudadanas, la legitimidad misma de la reforma estará en riesgo y en ella se privilegiarán los intereses de los partidos y no la necesidad de contar con autoridades electorales más eficientes y confiables”.

Irma Eréndira Sandoval, quien hoy se inscribirá como candidata a integrar el nuevo IFE, enfatizó que en las reformas propuestas el CCRE detecta una clara intención de los partidos políticos de crear una estructura de acuerdo con sus necesidades de control, asignando a la nueva contraloría del instituto atribuciones y recursos que socavan sustancialmente la autonomía de la autoridad electoral.

Esto porque se pretende asignar al contralor funciones de vigilancia no sólo sobre el ejercicio de recursos, sino de conductas y decisiones de los consejeros en el ejercicio de sus atribuciones.

Los integrantes del CCRE calificaron de “precedente inaceptable” que en el recientemente aprobado Presupuesto de Egresos se hayan etiquetado cien millones de pesos para esa contraloría del IFE, lo cual, insistieron, vulnera la autonomía de un órgano de Estado, pues se asignan recursos para crear una estructura paralela en todo el país que no estará bajo control de los órganos ciudadanizados.

Al referirse al proceso de selección del consejero presidente y dos consejeros electorales, Irma Eréndira Sandoval, investigadora y coordinadora del laboratorio de documentación y análisis de la corrupción y transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Clara Jusidman, cuestionaron la ausencia total de reglas claras.

Solicitaron que se transparenten y se hagan públicos los perfiles de aspirantes, se someta a éstos al escrutinio público y se expresen con toda claridad los criterios de selección que los legisladores aplicarán a esta designación, ya que si no se lleva a cabo un genuino proceso de selección se pondrán en entredicho otros avances alcanzados en la reforma constitucional.

Convocatoria simulada

John M. Ackerman*

La existencia de una convocatoria para elegir a los tres nuevos consejeros electorales por sí sola implica un avance monumental en relación con los procedimientos utilizados en procesos previos. Durante los tres ejercicios anteriores (1994, 1996 y 2003) los candidatos emergieron exclusivamente de las negociaciones entre partidos y gobierno federal. No hubo posibilidad alguna para proponer candidatos independientes. Ahora cualquier persona podrá presentarse a título personal o ser propuesta por grupos de ciudadanos. En términos formales la cancha está totalmente abierta y a nadie que cumpla con los requisitos se le podrá excluir.

Esta también es la primera ocasión en que se realizará un proceso de auscultación de los candidatos. En el pasado los nombres de los candidatos se barajaban en la mesa de negociaciones sin mediar ningún proceso público de entrevista o de revisión de las trayectorias de los postulantes. Los diputados ni siquiera se tomaban la molestia de elaborar dictámenes que hicieran constar que aquéllos cumplían con los requisitos de elegibilidad. Es por lo tanto encomiable que hoy los legisladores hayan cuidado estos aspectos para asegurar un proceso de elección más legítimo y abierto.

Sin embargo, todo indica que en los hechos el procedimiento que presenciaremos en los próximos días será una mera simulación. Entre el 4 y el 7 de diciembre todos seremos testigos de un circo de varias pistas en el que centenares de ciudadanos contarán con solamente unos cuantos minutos para comparecer ante los integrantes de la Comisión de Gobernación para presentar sus propuestas. Asimismo, para este propósito la comisión “se dividirá en tantos grupos de trabajo como se requiera”. Con este procedimiento, los integrantes de la comisión en su conjunto no podrán conocer a fondo las propuestas y las trayectorias de los diversos candidatos, y mucho menos los ciudadanos en general.

Después de estas apuradas comparecencias ante una fragmentada Comisión de Gobernación, será responsabilidad de la Junta de Coordinación Política decidir los tres nombres de los nuevos consejeros y proponerlos al pleno. Mágicamente aparecerán los tres elegidos y la junta no presentará ternas o alternativas para cada vacante. Seguramente tampoco habrá un debate público en el pleno con respecto a trayectorias y propuestas de los candidatos finalistas. Es de esperarse que los diputados acaten la línea de sus respectivos coordinadores parlamentarios y se limiten a únicamente levantar sus dedos para avalar las propuestas de la junta.

El colofón de opacidad en todo este proceso es que la votación en el pleno se realizará por medio de “cédula” utilizando papeletas. Nunca sabremos con certeza cómo votó cada diputado. Tal mecanismo se podría prestar a arreglos en lo oscurito. Si bien los ciudadanos tenemos el derecho a una votación secreta y anónima, la regla de oro en la práctica parlamentaria tendría que ser justamente lo contrario. Nuestros representantes deben votar públicamente, para que los ciudadanos podamos controlarlos y llamarlos a cuentas.

Un proceso realmente transparente no solamente obligaría a los candidatos a exponer sus proyectos y trayectorias, sino que también abriría a la luz pública el proceso deliberativo de los legisladores. Habría que exigir, por ejemplo, que las sesiones de la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. De esta manera, los ciudadanos podríamos llamar a cuentas a nuestros representantes populares y aseguraríamos la aplicación de criterios claros y objetivos para la selección de nuestros nuevos árbitros electorales. De lo contrario, los ciudadanos no sabremos nunca las razones que animaron a los diputados a escoger a los tres elegidos de entre los cientos de candidatos. Quedaría la sospecha de que la decisión se hubiera tomado únicamente con base en criterios políticos.

Es de celebrar que hoy contemos con una convocatoria pública y un procedimiento formal para la selección de nuestros consejeros electorales. Sin embargo, es de lamentar que éste se encuentre empañado de tanta opacidad, al grado de estar en riesgo de prestarse para arreglos políticos a espaldas de la ciudadanía.

* Miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ackerman@servidor.unam.mx

Denuncia Ackerman censura del IFAI

Rechaza el instituto texto crítico del jurista sobre las boletas de los comicios de 2006


Fabiola Martínez

El doctor John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denunció “prácticas de censura” y “aplicación de criterios políticos” por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Ackerman, especialista en temas como políticas públicas, transparencia, derecho electoral, combate a la corrupción, rendición de cuentas y participación ciudadana, recibió –mediante correo electrónico– el dictamen del consejo editorial del instituto, el cual informa que dos textos, incluido el artículo de Ackerman titulado “Los límites de la transparencia: el caso de las boletas electorales”, no serán publicados.

De acuerdo con el criterio de los integrantes del consejo (Raúl Trejo Delarbre, Ciro Murayama Rendón, María Fernanda Somuano Ventura, Manuel Salvador Matus Velasco y su presidente, Ricardo Becerra, director de Relaciones Institucionales del IFAI), el trabajo de Ackerman se sustenta en “especulaciones” y contiene “serias imprecisiones o francas acusaciones sin sustento”.

El texto “censurado” –comenta el autor, también presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y doctor en sociología política por la Universidad de California– sería incluido en el libro Más allá del acceso a la información pública: transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho.

El plan original es que tal obra, auspiciada por el IFAI y compilada por Ackerman, fuera integrada por 14 textos, de la pluma de especialistas reconocidos en la materia, a fin de explorar las fronteras de la transparencia y las agendas para el futuro de este tema.

“Entré a este proyecto con toda confianza, pero ahora está demostrado que el IFAI no tiene tolerancia; en lugar de garantizar un debate plural de ideas, está intentando censurar puntos de vista que le resulten incómodos”, dijo en entrevista.

El otro artículo retirado de la obra es “Autonomía, transparencia y rendición de cuentas en organismos financieros: el caso del Banco de México”, de Irma Sandoval, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción de la Transparencia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Según el comité editorial, la autora “realiza un análisis deficiente, superficial, con afirmaciones más coloquiales, fruto de la comprobación empírica” acerca del tema y contiene problemas de interpretación de la capacidad de intervención de los bancos centrales en la economía. Sin embargo, el comité hace énfasis en el estilo del texto y critica y manifiesta su desacuerdo con las conclusiones de la autora.

En cambio, el comité resolvió publicar el artículo “Democracia y estado de derecho”, de Guillermo Odonnell, experto internacional en temas de democracia y transparencia, aun cuando el texto analizado –admite el consejo editorial– no tiene el formato de un artículo académico y sólo está relacionado de manera “tangencial” con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Se recomienda contactar al autor, directamente, para consultarle si avala, para su incorporación en un libro, la última versión revisada por el comité. Si la opinión del autor es favorable, se recomienda la inclusión en el volumen”, señalan los consejeros en un documento con fecha 8 de noviembre.

Ackerman concluye que la decisión del consejo editorial se tomó para eliminar textos con “opiniones políticas muy incómodas para ellos (…). Esto es una actitud de censura muy clara de parte del IFAI”.

El autor, quien en otros proyectos ha sido consultor y recibido financiamiento de organismos internacionales para sus investigaciones, denuncia abiertamente la “cercanía” del presidente del IFAI, Alonso Lujambio, con el presidente Felipe Calderón.

“No me consta que Lujambio haya dado línea; quisiera pensar que no ha sido el caso, pero esta decisión llama la atención y levanta dudas respecto de la independencia del IFAI ante el Poder Ejecutivo”, expresó.

De acuerdo con el autor, el texto retirado de la obra contiene un desarrollo totalmente académico, que incluye citas de jurisprudencia e información internacional, entre otros aspectos, respecto de la posición del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para negar el acceso a las boletas usadas en la pasada elección presidencial.

Ackerman expone, en el texto retirado, que el caso de las boletas es un retroceso muy importante para el acceso a la información pública e incluso sienta un precedente muy peligroso para el futuro.

Lo anterior, señala, “porque si el TEPJF puede inventar una nueva categoría de reserva, denominada ‘información indisponible’, tal determinación da licencia para que otras áreas gubernamentales también inventen, de la nada, categorías, para no proporcionar información.

“Ello demuestra, y así lo señalamos en el capítulo (eliminado), que se deja atrás lo que establece la ley y predominan los criterios de los funcionarios a cargo, lo cual demuestra que cuando hay situaciones políticas complicadas, la autoridad está dispuesta a dar la vuelta a la ley, lo cual constituye un precedente muy peligroso.”