Petróleo: crisis constitucional

John Saxe-Fernández

Como hace 20 años y bajo otro régimen de usurpación electoral, estamos sumidos en una crisis constitucional y de legitimidad de orden mayor. La ofensiva contra la normatividad de la Carta Magna vigente en materia petrolera, impulsada por Estados Unidos y un grupo de empresas contratistas –locales y extranjeras– por medio de una iniciativa energética con endoso formal de Felipe Calderón, fue enviada al Congreso el 10 de abril. Desde entonces Los Pinos actúa como sugirió el aparato publicitario y de espionaje estadunidense en México: una vez tomada la decisión de privatizar y entregar la renta petrolera, “todo se reduce a un juego de relaciones públicas”.

Salinas profundizó la privatización de facto, mientras “aseguraba” al público mexicano que Pemex “no se privatizaba” y que “el petróleo seguiría siendo de los mexicanos”.

En un análisis realizado para el Congreso estadunidense por la Comisión de Comercio Internacional (CCI), uno de los cabildos más poderosos, se decía que, “por razones de seguridad nacional, México no incluirá al petróleo en el TLC, aunque las autoridades mexicanas estudian ya mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para Pemex el control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios” (La compra-venta de México, 2002, p. 314). Según la CCI, “... se afirmaría el interés nacional de EU”, ya que “Pemex es candidato a la liberación en el futuro y la paraestatal será reorganizada en varias divisiones, lo que parece ser el primer paso para abrir el camino a la inversión foránea”. Como hacen Felipe Calderón y Reyes Heroles hijo, los encargados de entonces siguieron el guión de la Casa Blanca y las petroleras.

Ni la vigencia del estado de derecho o las trabas constitucionales a la participación extranjera en Pemex preocupan a la CCI, cuyo análisis confidencial celebraba que “el actual régimen mexicano ha dado muestras de desapego al ordenamiento constitucional por su inclinación de aplicar mecanismos que le den la vuelta a la Constitución”. Luego, con maña, agregó: “… la actitud del gobierno tiene más que ver con la seguridad nacional que con una auténtica reverencia por la Constitución, por lo que no se considera que nuevas reformas serán gran problema”. Pero esa “seguridad nacional” mencionada por la CCI es la de Estados Unidos, no la de México. Como percibió Michael Wilson, de la Fundación Heritage, para Salinas “la seguridad mexicana es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos”. También para Calderón, cuyo polkismo lo corroboró al inicio del sexenio Tony Garza, embajador de Estados Unidos.

En la versión polka, México sería un “apéndice” de la potencia norteña. Más grave: esto ocurre en un contexto de anexionismo sui generis (“integración profunda”) y de unilateralidad policial-militar (ASPAN-Iniciativa Mérida) que pone en grave riesgo la noción misma de México como Estado-nación soberano e independiente y, por tanto, la seguridad nacional. Pero las fuerzas armadas de México sólo operan con legitimidad bajo el supuesto de que “la seguridad mexicana” está subsumida en la “soberanía” formalizada en la Constitución vigente. En sentido estricto quienes desde el Ejecutivo o Legislativo auspician la entrega de la renta petrolera por medio de modificaciones a las leyes que regulan el artículo 27 son “transgresores constitucionales” carentes de legitimidad para el ejercicio de la administración pública y el uso de los instrumentos policial-militares en la jurisdicción territorial federal y donde están localizados los recursos naturales codiciados por Washington.

La traición se consuma, como advirtió el general Lázaro Cárdenas, con “engendros que inconstitucionalmente vuelven a reconocer a favor de titulares extranjeros, derechos y prerrogativas que les son explícitamente negados por la Constitución”.

El fascista espot de Calderón

Luis Linares Zapata


El griterío en los medios de comunicación ha sido, en tiempos recientes, atronador. Y en el mero epicentro de tanta energía patrocinada, de tanta enjundia estómago-conceptual, se halla el personaje predilecto a denostar: Andrés Manuel López Obrador. Él es el causante de toda perturbación, entrevista o inventada, que ronda por el país. Un rutilante actor del ámbito público cuyos fines o propósitos son alumbrados al detalle por una caterva de críticos que lo siguen de manera compulsiva.

Afectados hasta en sus mismas entrañas por convulsiones de odio, desprecio, de enojos que por momentos se transforman en ira irreprimible, sus detractores no cesan de acusarlo de cuanto sucede de malo en esta angustiada República. Es, de varias y torcidas maneras, su personaje inolvidable, irresistible. Recurren a cualquier artificio para ponerlo a hervir en el lodo de sus consignas, de sus fundadas condenas que forman, hiladas una tras otra, deformantes diatribas. Noticieros completos de radio imbuidos en el sacro deber de expulsar, al lopitoz de sus anatemas, de la escena política del presente. Todo un fenómeno colectivo de fobias que se trasminan en cada una de las palabras, en cada frase, en cada parrafada que, sin continencia ni pudor alguno, lanzan al tabasqueño.

La cúspide de esta andanada, superior a la que se vio y oyó durante el desafuero o en la campaña electoral pasada, concluye en un espot comparativo con tiranos de la historia que pasa en los mejores espacios de Televisa. No se puede ser ingenuo ante este hecho difusivo de la peor ralea: la autoría debe adjudicarse al gobierno panista de Calderón. Sólo ellos, apoyados por su maquinaria, pusieron en movimiento las piezas del tinglado que lo llevó a la pantalla. Es un espot con la indeleble marca del calderonismo más depurado, a la conocida usanza del haiga sido como haiga sido. Es la última arma de la derecha más reaccionaria, corrupta y amedrentada ante la posibilidad de ser derrotada en sus prospectos de hacer inmensos negocios al amparo del petróleo mexicano. Es un sustituto a la cárcel de los represores para el agitador.

El terreno se preparó con meses de antelación. Se hicieron los trabajos cotidianos para auscultar la opinión y el sentir ciudadano que indicara el momento preciso de la acción. Se estudiaron los atajos y eufemismos para disfrazar sus intentos privatizadores y entreguistas. Identificaron a los que darían su triste e inocua cara como autores y el plan de medios y horarios convenientes. Así las cosas, las negativas, desconocimientos y las distancias adoptadas por el oficialismo del espot no son más que poses, falsas puertas que tratan de esquivar el costo de sus patrañas y dolosos actos a mansalva. ¿De qué manera si no lo puso Televisa al aire? ¿Por qué lo sostiene, a pesar de la determinación del IFE de parar su exhibición, o la misma petición de sus aparentes autores de retirarlo, pues, según ellos, ya cumplió su cometido?

Este espot de marras ha sido precedido por múltiples antecedentes, a cual más enrojecido de amenazas y sugerencias para que la fuerza pública sea aplicada sin contemplaciones contra los oponentes callejeros, contra los tomadores de tribunas: todos ellos transformados, por trucos retóricos, en negadores de diálogo, cegadores de la democracia.

La trifulca en el interior del PRD dio pábulo inicial a la gritería: un cochinero, exclamaron al unísono, alentados desde el palacio de Bucareli para diluir, para sosegar al menos, las probadas acusaciones de tráfico de influencias contra su torpe titular. El causante del pleito entre perredistas fue identificado de inmediato y contra él se enfocó todo el aparato público de comunicación.

Es AMLO quien pretende controlar a su antojo al PRD, concluyen iluminados desde lo alto de sus inteligencias superiores. Después vinieron las acusaciones de incitación a la violencia que, aseguran con desparpajo, pero con arraigada pasión contrariada, AMLO lanza, según su agudísima y tergiversada opinión, al calor de las masivas presencias zocaleras. Lo siguieron los sesudos análisis de intelectuales sobre el ataque, frontal, irreverente, a la democracia con la toma de una tribuna que, según los mismos denunciantes, era el emblema del diálogo, del debate. AMLO no quiere debatir, le tiene aversión a la confrontación de ideas por su estructural vena autoritaria, sentencian diariamente. En democracia, afirman sin atender a la realidad imperante, predomina la mayoría y ésta puede llamar a la fuerza pública para poner orden en el pleno.

Vino después el salto cualitativo empresarial: el secuestro del Congreso equivale a un golpe de Estado, ¡sópatelas! Y lo siguió el sospechosismo alocado, enfermizo, de varios locutores, articulistas y columneros de fama: lo que se está viendo no es más que un ensayo de la insurrección que viene, y AMLO es su progenitor. Lo crucial, alegan, es la decisión de derrocar al gobierno, nada de lo demás importa. La purulenta herida de la derrota electoral. Todo un concierto, bien orquestado de infundios y sospechas convenencieras, para ocultar lo principal: la intentona privatizadora y entreguista de la industria petrolera que auspicia Calderón y séquito.

Es verdaderamente notable que todo el conjunto de críticos o simples denostadores de López Obrador hagan caso omiso de la iniciativa petrolera enviada al Congreso. Ninguno ha tratado de analizar su contenido, profundizar en sus consecuencias para la vida de todos y cada uno de los mexicanos de hoy y mañana. Eso lo dejan a la labor de la cara propaganda en curso.

Sólo los hombres y mujeres de izquierda le han tomado la palabra al gobierno y empiezan a difundir sus hallazgos y replican con sólidos argumentos a las flagrantes mentiras del oficialismo. Lo atractivo para los apoyadores del sistema es bordar al infinito sobre lo que disminuye la figura pública de su temido coco. Destacar sus defectos, los ribetes chuscos del acontecer, distraer la atención ciudadana del atraco que se piensa instrumentar contra la herencia de los mexicanos. Una forma sui generis de apechugar la violencia contra el mandato constitucional y un escape para disimular el saqueo planeado que viene a continuación de ser aprobada la contrarreforma calderoniana. No pasarán, dicen las y los que no tienen miedo, y eso sí que infunde miedo a otros.

Fascismo

John M. Ackerman

El fascismo es una ideología basada en la razón del Estado y la fidelidad total al jefe de la nación. “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”, decía Benito Mussolini. Es un sistema político profundamente conservador, cuyo propósito original era combatir la expansión de los movimientos obreros en Europa después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El fascismo está basado en la violencia y la intolerancia a la oposición, la pluralidad y la crítica. Tal régimen utiliza la propaganda y los medios de comunicación para generar un clima de miedo y odio a todos los que sean “diferentes”.

Quien peligrosamente se ha acercado al fascismo durante los últimos días no es Andrés Manuel López Obrador, sino el actual gobierno y los grandes monopolios privados, además de amplios sectores del PAN, el PRI y sus aliados intelectuales. Ellos son los que se niegan a debatir de manera amplia y plural el futuro del petróleo. Ellos son los que difaman y buscan eliminar desde las cúpulas del poder político, económico y mediático a cualquier disidente u opositor.

El Congreso de la Unión de ninguna manera está “secuestrado”, como afirmaron Enrique Krauze, José Woldenberg, el Consejo Coordinador Empresarial y la asociación Mejor Sociedad, Mejor Gobierno. Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores han podido sesionar y despachar sus asuntos más urgentes. Las tribunas están tomadas en un acto simbólico de resistencia civil pacífica para demostrar que no hay “normalidad” democrática en el país, que nuestras instituciones políticas se encuentran en crisis.

Esta crisis resulta del hecho de que una mayoría parlamentaria ha decidido darle la espalda al electorado y aprobar reformas en materia energética que, además de violar la Constitución, van en contra de la voluntad mayoritaria de la población mexicana. Cuando los representantes populares traicionan la confianza de los electores y se colocan por encima de la Carta Magna, la protesta social no es peligrosa, sino saludable, ya que ayuda a rencauzar la democracia. De otra forma, los políticos se acostumbrarían a ignorar a la ciudadanía y, como ocurre en nuestro país, terminarían utilizando sus cargos para perseguir fines particulares, familiares o de gremio. La presencia de una fuerte movilización social no es una amenaza para la democracia, sino un claro indicador de su vitalidad.

Al clausurar sus respectivos congresos, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta usurparon el poder desde las cúpulas de la autoridad estatal. Desaparecieron el Poder Legislativo con el propósito de centralizar aún más el poder en sus manos. Por el contrario, al salir a las calles y ocupar las tribunas, López Obrador y el Frente Amplio Progresista (FAP) pretenden abrir las negociaciones y asegurar que los ciudadanos puedan ser escuchados antes de la aprobación de la reforma energética.

Es un grave error reducir la democracia, el “gobierno del pueblo”, a la actividad de los gobernantes. Los senadores, los diputados y el Presidente de la República tienen la obligación de mantenerse en permanente contacto y comunicación con sus representados. Asimismo, los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de llamar constantemente a cuentas a sus autoridades. Recibir más votos en una elección no otorga al candidato ganador un cheque en blanco para hacer o deshacer a su antojo, sino una gran responsabilidad de representar a la sociedad. Cuando permanece una gran incertidumbre con respecto a la validez de la victoria misma, esta responsabilidad se multiplica y se expande.

Lamentablemente, como espejo y continuación del conflicto poselectoral de 2006, la coalición gobernante ha decidido de nueva cuenta recurrir a la diatriba y la cerrazón para imponer el resultado que desea. En lugar de acercarse a la coyuntura política con valentía y apertura, el actual presidente esconde la cabeza y manda a sus agentes políticos, económicos e intelectuales a tronar toda oposición y crítica. Así como ayer Felipe Calderón se negó a aceptar un recuento total de la votación por miedo a conocer la verdad, hoy se niega a exponer su iniciativa al debate popular por temor a enfrentarse con un pueblo informado y consciente.

Los defensores de “las instituciones” a secas olvidan que en un sistema democrático los ciudadanos son los que tienen la última palabra. En la peor de las tradiciones fascistas, los ideólogos actuales privilegian la estabilidad y el orden por encima de la justicia y la participación social. El mejor antídoto para el fascismo es la construcción de una sociedad crítica y participativa, dispuesta a cuestionar y llamar a cuentas a nuestros gobernantes, no un pueblo doblegado de forma pasiva a las decisiones que violan gravemente sus derechos.

Ugalde vive

John M. Ackerman

La informalidad y soberbia que empiezan a caracterizar al “nuevo” Instituto Federal Electoral (IFE) son el resultado directo del accidentado proceso de designación de los más recientes integrantes de su Consejo General. Al hacer a un lado a los candidatos ciudadanos y las propuestas del partido político que más ha defendido el principio de la austeridad republicana, el PRI y el PAN ratificaron el proyecto ugaldista de un IFE improvisado y derrochador. Los partidos hoy se escandalizan por la exagerada solicitud de ampliación presupuestal de parte del instituto, cuando ellos mismos han sido los arquitectos del perfil actual del instituto electoral.

La materialización de los grandes avances de la reforma electoral requiere de un instituto electoral con la infraestructura y el personal suficientes para cumplir con sus nuevas responsabilidades. Por mandato constitucional, el IFE debe tener sus ojos en cada rincón del país tanto para asegurarse de la correcta transmisión de sus mensajes como para asegurar que los medios no divulguen propaganda electoral por cuenta propia. Es loable que el IFE haya propuesto realizar estas importantes tareas de manera directa y autónoma, sin la intervención del gobierno federal, con el fin de garantizar la objetividad y la independencia del monitoreo. Asimismo, no hay duda de que estas tareas necesitarán de fuerte inversión económica.

Desafortunadamente, los consejeros electorales han violado olímpicamente el transitorio del Decreto de Egresos que los obliga a realizar una solicitud de ampliación presupuestal fundamentada en estudios técnicos y criterios operativos. El Anexo único al acuerdo del Consejo General que supuestamente justifica la petición de los mil 453 millones de pesos se parece más a una carta a los Reyes Magos que a un estudio profesional digno de un organismo autónomo. El documento incluye un enunciado telegráfico de las nuevas actividades que el IFE tendría que realizar a partir de la reforma electoral y un listado general de los recursos solicitados. Pero no existe ninguna vinculación entre las actividades y los recursos, ni una descripción pormenorizada de las nuevas acciones o un desglose detallado de los montos solicitados.

Con asombro vemos, por ejemplo, que el instituto ha decidido solicitar 187 millones 662 mil 479 pesos adicionales para el “envío de materiales de audio y video a los concesionarios de radio y televisión”. Por lo visto Leonardo Valdés tiene pensado contratar un ejército de los mensajeros mejor pagados del país para entregar los promocionales del IFE y los partidos políticos. O quizás planea contratar al mismísimo James Bond para saltar las bardas de Tv Azteca y entregar los materiales en propia mano a Ricardo Salinas Pliego, burlando a los vigilantes que tengan la consigan de negarse a recibir el material.

Por lo demás, es un despropósito afirmar que el “envío de materiales de audio y video” es una “nueva atribución” surgida de la reforma electoral. El IFE se ha encargado de enviar este tipo de materiales desde su creación en 1990. El instituto también incluye, de manera equivocada, dentro de sus “nuevas” actividades, la elaboración de “las propuestas para los lineamientos generales que sugerirá el Consejo General a los medios de comunicación social”, algo que el instituto ha venido haciendo desde la reforma electoral de 1996, y “coadyuvar en la producción ejecutiva y realización técnica de los debates presidenciales”, actividad ya desarrollada durante las campañas presidenciales de 2006, para la cual no hizo falta ninguna ampliación presupuestal.

Se acercan los nombramientos tanto del nuevo contralor del IFE como de los tres nuevos consejeros electorales que se integrarían al Consejo General en agosto. Lamentablemente, parece que los legisladores no tienen el menor interés en mejorar el procedimiento de selección de estos funcionarios. La reforma a la Ley Orgánica del Congreso, aprobada fast track por la Cámara de Diputados la semana pasada, remite todos los detalles del procedimiento a la misma convocatoria. Así, los diputados se otorgan la libertad para acomodar cada proceso a los amarres previos entre los partidos y a la coyuntura política del momento. Se desaprovecha la oportunidad para plasmar en la ley un proceso transparente y ciudadanizado que podría colocar personas con la capacidad y la visión para romper con la inercia burocrática del IFE ugaldista que hasta hoy sobrevive y sigue nutriéndose.

La minuta de la reforma a la ley orgánica se encuentra actualmente en el Senado. Los senadores están ante una oportunidad histórica para demostrar su coherencia. Si realmente les preocupa la actuación del IFE actual, modificarían la minuta de la Cámara para introducir mayor objetividad y controles sociales en las convocatorias que se acercan.

Confirman que Calderón envió misión a Brasil para estudiar apertura de Petrobras

Pretende tomarla de modelo, afirma el sindicalista de ese país Julio Turra Filho

La mayoría de los trabajadores brasileños quieren la “renacionalización” del sector, afirma

Elizabeth Velasco C.

El presidente Felipe Calderón envió un equipo de colaboradores a Brasil para conocer el modelo que usó Petrobras para lograr la apertura del sector petrolero de ese país a la inversión privada, aseguró Julio Turra Filho, director ejecutivo de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil, la cual representa a más de 22 millones de trabajadores de diversos gremios de esa nación, entre ellos el energético.

En rueda de prensa, para anunciar la realización del segundo Encuentro Continental en México, del 4 al 6 de abril, destacó que el gobierno panista ha perfilado también su interés por efectuar una asociación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, aunque –dijo– “presionaremos para impedirlo, así como cualquier tipo de privatización abierta o disfrazada del sector energético” de la región.

En lo que se vislumbra como una defensa continental de los recursos energéticos, Turra Filho aseguró que Calderón desea tomar a Petrobras como un modelo a seguir para la privatización del sector energético mexicano.

Esto sucede en momentos en que una gran mayoría de los brasileños “se han pronunciado por la renacionalización de Petrobras y de la empresa Do Rio 12, y contra todo tipo de privatización de bienes públicos”.

Petrobras, explicó, se abrió al capital privado a finales de la década de los noventa, dejando en manos de los inversionistas privados 60 por ciento de las acciones, y “ahora compite” en su propio territorio con las extranjeras Royal Dutch Shell y ExxonMobil, entre otras.

También aludió a la “privatización en esos años de la compañía Do Rio 12, segunda empresa estatal que aglutinaba minas, ferrocarriles y puertos, la cual fue ofertada al sector privado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso en 3 mil millones de dólares, pese a que su valor ascendía a más de cien mil millones”.

En compañía de diversos líderes sociales, entre ellos Álvaro López, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); Jaime Espinosa, del Movimiento Nacional Aquí Estamos; Humberto Martínez, del Acuerdo Internacional de Trabajadores, y Armando Bolaños, del Movimiento Estado 33 Migrantes, el dirigente brasileño aseguró que el segundo Encuentro Continental será el foro propicio para defender los recursos energéticos de México y el hemisferio.

También la soberanía nacional de los pueblos de Latinoamérica, la defensa de las empresas y servicios públicos en todo el continente, los derechos humanos de los migrantes, así como el rechazo absoluto a los tratados de libre comercio en la región y a las ocupaciones militares y las multiplicación de las bases armadas de Estados Unidos en Colombia y Ecuador, entre otros temas que se abordarán, incluyendo “el reciente ataque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el gobierno de George W. Bush”, dijeron.

Respecto de la defensa del sector energético mexicano y de los recursos naturales del hemisferio, los dirigentes sociales expusieron que garantizarla es un aspecto “vital para la continuidad de las naciones”, además de ser un elemento de unidad regional.

Al encuentro, a efectuarse en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, asistirán centrales de Estados Unidos, como la AFL-CIO, el Farm Labor Organizing Committe y el Sindicato Nacional de los Teamsters; por parte de Bolivia, la Confederación Obrera Departamental de Oruro, entre otras; de Chile, la Confederación Bancaria; de Colombia, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz; de Brasil, además de la CUT, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Sao Paulo, así como cientos de organizaciones mexicanas de los ramos agropecuario, educativo, energético, sindicales y otros.

A propósito de lo que se publicó aquí el 12 de marzo. Entonces deberemos entender que la idea del tesorito llegó a México con ritmo de Samba.