La mafia

Luis Javier Garrido

El gobierno panista ilegítimo de Felipe Calderón está festejando de manera anticipada que el año próximo va a poder cumplir con la encomienda que tiene de los grupos minoritarios que prevalecen por sobre los derechos del pueblo mexicano y que, tanto por la vía de los hechos como de los cambios legislativos defendidos por el PRI, va a darse la vuelta a una página de la historia mexicana.

1. Los grupos de seudoempresarios y políticos panistas y priístas que se han adueñado del poder económico y político en el país con el señuelo de “la alternancia”, concentrando una riqueza sin precedentes en la historia mexicana y en el contexto latinoamericano, no ocultan que en su proyecto 2008 sería el año en que culminarían la destrucción completa del Estado surgido de la Revolución Mexicana, en particular con tres medidas: la privatización total de Pemex, la reforma laboral que constituiría la cancelación de los derechos sociales de los trabajadores, y la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN o NAFTA.

2. El proyecto que pretenden culminar a partir de enero no es, sin embargo, como pretenden los medios, el de “la modernización” del país por la vía de la imposición del modelo neoliberal, ni el de la destrucción de un proyecto político y social supuestamente anacrónico, como dice la derecha fanatizada. Es, simple y llanamente, el del desmantelamiento total del Estado nacional, pero también, y ésa es la cuestión central, de la nación mexicana.

3. Un país que haya entregado a las multinacionales sus riquezas vitales, empezando por el petróleo y la energía eléctrica; que cede el control de sus espacios estratégicos desde las fronteras y costas hasta el territorio en su conjunto al gobierno de Estados Unidos; que busque deliberadamente con sus políticas terminar con los campesinos mexicanos, cancelando la viabilidad de la propiedad comunal, del ejido y de la pequeña propiedad agrícola; que condene a la muerte o el ostracismo a una tercera parte de su población; y que en una pendiente de terror cancele los derechos fundamentales de las mayorías, no tiene ya futuro alguno.

4. Ése y no otro fue el proyecto de los gobiernos priístas de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, así como del panista Vicente Fox. Y ése, y no otro, es el proyecto del también panista Felipe Calderón, quien actúa como un pelele de esos grupos minoritarios coludidos con los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales que ven a México como un botín.

5. La viabilidad de México como una nación independiente con un proyecto propio se terminaría por muchas décadas de triunfar esta tentativa y eso significa que muchas generaciones estarían condenadas a tener que emigrar del país o a sobrevivir en condiciones infrahumanas, pues no tienen cabida en el modelo neoliberal, que preconiza en última instancia que hay que eliminar a los menos aptos y capaces: es decir, a millones de mexicanos pobres. Más de 10 millones de mexicanos, nacidos en territorio de México, y que han tenido que huir del país por la imposición de las políticas neoliberales empujadas por panistas y priístas en los últimos cuatro sexenios, residen en Estados Unidos y más de 650 mil saldrán del país en 2008, según el estudio publicado ayer en La Jornada. Y los que se queden deberán aprender a vivir sin derechos sociales y con sus garantías individuales mermadas.

6. Los beneficiarios de las nuevas políticas que se consolidaron con la entrada en vigor del TLC o NAFTA en 1994 han sido los amigos de Fox y de Salinas, según señaló Mario Di Constanzo, titular de Hacienda del “gobierno legítimo”, pues en estos 14 años incrementaron sus fortunas por lo menos 10 veces mientras en el país se produjo la pérdida de 4 millones de empleos rurales, ya que pasamos de 9 a casi 5 millones de campesinos, pues si 25 mil campesinos atravesaban ilegalmente al año la frontera hoy, según cifras oficiales, son esos más de 650 mil. La tortilla aumentó su precio 700 por ciento y la carne de res, pollo y cerdo más de 70 por ciento, mientras el ex secretario de Agricultura de Fox, Javier Usabiaga, El rey del ajo, tiene ahora 10 mil hectáreas donde laboran 5 mil personas (Milenio Diario del 27 de diciembre).

7. “La transición democrática”, como se sabe, fue el proyecto lanzado al mundo a finales de los años 70 por el Pentágono, durante el gobierno de Ronald Reagan, para terminar con los excesos de algunos regímenes a cambio de instaurar gobiernos autoritarios de derecha revestidos de una aparente “legitimidad” que propiciaran el verdadero cambio: la instauración de políticas económicas y sociales que liquidaran los Estados nacionales y entregaran todo el poder a las corporaciones multinacionales

8. La cancelación de una serie de derechos fundamentales de los mexicanos con una reforma constitucional en materia penal que está ahora discutiéndose, y que tiende a sustentar un Estado policiaco al cancelar la inviolabilidad del domicilio, no puede, por lo mismo extrañar, pues la mafia en el poder quiere todas las seguridades para proseguir este proyecto depredador.

9. La boda de Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, quien reunió el viernes 21 en Piedras Negras a la crema y nata de la “mafia política” priísta, incluyendo a gobernadores y legisladores federales, que encabezados por Manlio Fabio Beltrones (líder priísta en el Senado) y el jefe de la gran mafia tricolor Carlos Salinas de Gortari llegaron en 35 aeronaves privadas custodiados por el Ejército federal y todo tipo de corporaciones policiacas, fue una demostración de la prepotencia e impunidad del priísmo y de quienes cogobiernan al país junto con el hampa panista, y aunque cuatro de los aspirantes del PRI a Los Pinos para 2012 estaban ahí, también estaba el artífice de la reconversión del sistema en nombre de los intereses dominantes, quien ha convenido con el gran capital que el mejor modelo político es el actual: con un panista en Los Pinos que funja como una marioneta de esos intereses y pretenda simbolizar que todo ha cambiado.

10. El pueblo de México está frente a un enorme desafío, pero, como en otros momentos de su historia va a salir adelante, pues esto no se acaba hasta que se acaba.

El fracaso

Luis Javier Garrido

El fracaso de la llamada “reforma electoral” no hace más que ahondar la grave crisis política abierta en México tras el fraude electoral de 2006, pues no hace más que poner de relieve el profundo desprecio del panismo a las instituciones.

1. El proceso de reforma electoral de 2007 se terminó con un evidente fracaso de los legisladores de los tres partidos, pero sobre todo del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que lo había impulsado como la vía para salir de la crisis institucional en la que se halla el país y lo único que logró con el mismo es evidenciar el deterioro institucional creciente y, sobre todo, la decisión de los grupos mafiosos que controlan el aparato estatal de no aceptar que haya elecciones presidenciales democráticas en 2012.

2. La “reforma electoral” de 2007 constituyó ante todo un fracaso estrepitoso del Congreso de la Unión, que pretendió someter a los concesionarios de la radio y la televisión a la ley cuando discutía las modificaciones constitucionales, y terminó doblegándose ante sus exigencias al redactar el Cofipe, y sobre todo ante su reclamo airado de hacer valer la que creen que es su prerrogativa, la de querer imponerle a México sus gobernantes, todo lo cual evidenció que en nuestro país los poderes fácticos prevalecen sobre los poderes constituidos.

3. El proceso de “reforma” configuró también, sin embargo, un fracaso sin parangón de los legisladores del PAN, del PRI y de un sector del PRD, que pretendieron engañar a los mexicanos haciéndoles creer que iban a elaborar una gran reforma político-electoral que haría salir al país de la grave crisis política en la que se halla, lo que nunca fue su propósito, y terminaron por hundir más en el desprestigio a las instituciones de la República.

4. El proyecto de reformar la legislación electoral para tratar de generarle alguna legitimidad al IFE, a las instituciones y al régimen de facto en su conjunto culminó con una verdadera contrarreforma constitucional y legal, que terminó por dividir a la bancada del PRD y generar múltiples inconformidades de partidos y organizaciones ciudadanas, pues contiene modificaciones intrascendentes en aspectos secundarios, serias regresiones y graves omisiones, pero ninguno de los cambios necesarios para garantizar que pueda haber en México procesos electorales democráticos.

5. El hecho de que el proceso culminara con una exhibición bochornosa de los legisladores del PAN y el PRI, que obsesionados por entregar una vez más el Consejo General del IFE a oscuros subordinados suyos en función de su alianza, se dedicaron a vetar todas las propuestas de carácter ciudadano y prefirieron suspender el procedimiento para designar al presidente del IFE y a otros dos consejeros a sabiendas de que violaban el principio constitucional que ellos mismos habían aprobado de cumplir con esta obligación antes del 13 de diciembre, es muy significativo de lo acontecido.

6. El mensaje político que se envió a los mexicanos con el proceso de reformas en materia electoral de 2007 fue, por todo esto, muy claro: las leyes pueden mejorarse en aspectos secundarios e irrelevantes en lo que se refiere a la disputa por el poder, pero no se puede poner en riesgo el control oficial sobre el organismo encargado de organizar los procesos electorales ni sobre el tribunal electoral encargado de sancionarlos ni mucho menos abrir la posibilidad de elecciones realmente democráticas.

7. El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial.

8. El saldo más importante de los más de 10 meses de negociaciones de los legisladores de los tres partidos ha sido a pesar del fiasco que significa la nueva legislación el confirmar una vez más que la extrema derecha panista y sus amigos no están dispuestos a organizar elecciones realmente democráticas en 2012, pues no quisieron un IFE ni un tribunal electoral que no estuviesen controlados por la mafia en el poder ni una legislación electoral democrática, que garantice los derechos ciudadanos, someta al Ejecutivo a la legalidad, impida la utilización de los recursos del Estado para imponer a un candidato, tipifique y sancione los delitos electorales, cree causales de nulidad de los procesos.

9. El futuro institucional de México quedó en entredicho con la llegada a Los Pinos de un gobernante espurio apoyado por oscuras mafias y cada día es más evidente que el país no podrá salir adelante si no hay un cambio en profundidad, pues la crisis institucional no deja de agravarse y la credibilidad que tienen las instancias públicas es prácticamente nula, y eso va lo mismo por la Presidencia de la República que por el Congreso de la Unión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el IFE, por las fuerzas armadas.

10. El panismo en el poder ha sido depredador de la vida institucional de México, y lo que es más significativo es lo que hizo en el plano electoral, pues destruyó las posibilidades inmediatas de una transición política democrática. El triunfo de un candidato de la oposición no podrá darse en consecuencia en México en 2012 tras esta contrarreforma más que con una victoria por amplio margen y si hay una sociedad civil dispuesta a todo para defender su voto.