EU: chicanería electoral

Jorge Eduardo Navarrete

Iniciados ya los procesos de selección de candidatos presidenciales del duopolio partidista estadunidense, en un ambiente no exento de sobresaltos del que los medios han dado cuenta y analizado en forma exhaustiva, conviene ver qué ocurre tras bambalinas, es decir, lejos de los reflectores, en el más bien turbio ambiente de los organizadores electorales. Algunos medios se refieren de modo marginal a esta cuestión, menos atractiva, pero que puede resultar decisiva para llegar a un resultado que –como ha ocurrido en el pasado– no refleje la voluntad de la mayoría de los votantes. A lo largo de este año electoral, habrá que prestar atención, de cuando en cuando, a las peligrosas consecuencias para la salud y funcionalidad de la “gran democracia” del Norte del recurso al vasto arsenal en ella disponible de chicanería electoral.

En forma por demás oportuna apareció un libro que, de publicarse en México podría titularse Confesiones de un mapache. How to Rig an Election: Confessions of a Republican Operative, muestra la forma en que su autor, Allen Raymond, se movió en un mundo en el que “los trucos sucios son la norma”. La empresa de Raymond organizaba campañas de llamadas telefónicas a domicilios de electores blancos, urgiéndolos a votar por los demócratas con la voz del “habitante de un gueto negro”, o a trabajadores sindicalizados, con una voz de fuerte acento hispano. Otro recurso es llamar cientos de veces al mismo teléfono repitiendo el supuesto mensaje de un mismo candidato. Se suele también usar el remarcado automático para saturar las líneas del partido rival. Aunque parecen trucos inocentes, Raymond señala que son de uso sistemático, pues en su negocio, “los medios de comunicación son armas letales, sobre todo en las peleas sucias”. El autor se confesó culpable de “acoso telefónico” y purgó una condena de cinco meses, a cuyo término publicó su obra. Declaró que el Partido Republicano lo arrojó bajo las ruedas del autobús y después lo acusó de hacerse atropellar.

Los caucuses de Iowa constituyeron, en esta ocasión, un excelente ejemplo de la influencia del dinero privado en las campañas políticas. Estuvieron muy activos los llamados “grupos políticos independientes” –que, casi sin limitación, pueden obtener fondos de sindicatos, empresas o individuos opulentos– y a los que una decisión reciente de la Suprema Corte levantó la disposición que les prohibía hacer propaganda en los 30 días previos a los comicios. La prensa informó que “en las dos últimas semanas, los grupos independientes gastaron alrededor de 5 millones de dólares en el estado”. Los mensajes negativos difundidos fueron los predominantes: a menudo con alegatos no sustanciados de actitudes asumidas en el pasado por los precandidatos, sobre temas como los impuestos o el aborto. La Ley McCain-Feingold, orientada a reducir el papel del dinero en las campañas, prohibía este tipo de publicidad 30 días antes de una primaria y 60 antes de la elección general. Su anulación, predijo un experto, “significa que habrá más dinero, más anuncios y más saturación”. Fortune estima que el gasto total en la campaña electoral en 2008 puede rebasar los 3 mil millones de dólares, marcando un nuevo récord.

Esta situación se ve complicada por un hecho insólito. Se informó que la autoridad encargada de vigilar, regular y supervisar el torrente de gasto político-electoral, la Comisión Federal Electoral (CFE), dejó prácticamente de funcionar a principios del año, coincidiendo con el inicio de la temporada de primarias. El Congreso no ha logrado alcanzar un acuerdo para confirmar las designaciones hechas por el presidente Bush para integrarla, por lo que tiene ahora sólo dos de seis miembros y no puede reunir el mínimo de cuatro votos necesario para adoptar decisiones. El personal técnico –375 auditores– continúa laborando, pero todas las materias que corresponde decidir a los comisionados continuarán en suspenso. Destaca entre ellas la relativa a decidir si deben investigarse posibles violaciones a las normas de financiamiento y determinar las penalidades respectivas. Le corresponde también aprobar el apoyo público compensatorio que tienen derecho a recibir los partidos, que es esencial para cubrir el costo de sus convenciones. La CFE está compuesta por tres comisionados de cada partido, todos designados por el presidente. Antes de fin de año había una vacante y expiraban los nombramientos provisionales hechos por Bush durante el receso del Congreso. Las campañas se han iniciado sin que esté debidamente integrada la autoridad regulatoria electoral.

Hay numerosas otras cuestiones –sobre los requisitos de identificación de los votantes, que a veces discriminan contra los más pobres o menos educados; sobre el empleo de máquinas de votación electrónicas que han mostrado ser muy escasamente confiables; sobre la clara afiliación partidista de muchos funcionarios electorales de condados y estados– que seguirán discutiéndose a lo largo del año. Son muchos los que temen, sin embargo, que Estados Unidos llegará a noviembre con un aparato organizativo electoral que suscita más dudas que certidumbres. Los fantasmas de Florida en 2000 y de Ohio en 2004 recorrerán América.

Si nos sirve de consuelo, no somos los únicos...

Concesión del 95% de oleoductos es inconstitucional, denuncia Sheinbaum

La licitación, otorgada por la Ley de Obra Pública, violenta los artículos 27 y 28 constitucionales, dijo.

México, DF. El "gobierno legítimo" denunció que la firma estadunidense Energy Maintenance Services Group (EMS) operará a partir de este lunes cerca de 95% de los oleoductos y gasoductos del país mediante una concesión que calificó de "amañanada" e "inconstitucional".

Claudia Sheinbaum, secretaria de Patrimonio Nacional del movimiento de resistencia encabezado por Andrés Manuel López Obrador, informó que el contracto, cuya duración es de 10 años, tiene un monto de 4 mil 268 millones 792 mil 26 pesos y el objetivo es la operación, el mantenimiento y la construcción de infraestructura de tranporte por ductos en los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo manifestó que la contratación referida, a través de una licitación otorgada por la Ley de Obra Pública, violenta los artículos 27 y 28 constitucionales al permitir que un particular participe en operaciones reservadas exclusivamente al Estado, mismas que deben realizarse únicamente por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Consideró además como innecesario la contratación de una empresa privada toda vez que la paraestatal cuenta con una planta de expertos trabajadores y técnicos especializados para desarrollar tales actividades, mismas que han sido realizadas durante siete décadas. En este sentido, recordó que lo necesario es otorgar recursos suficientes para mantener y operar los ductos.

Inclusive, acusó, se tiene planeado "prescindir y desincorporar como chatarra los talleres e instalaciones de mantenimiento existentes en la actualidad, equipos especializados, materiales, mobiliario, equipos de comunicación y sistemas informáticos y administrativos. Para Pemex han significado altas inversiones, sobre todo en los últimos 10 años".

Por ello, denunciaron la actitud ilegal y de "vendepatria" del titular de la paraestatal, Jesús Reyes-Heroles, por facilitar tal contratación "traicionando los más elementales principios que deben regir su desempeño de servidor público". Asimismo, dijo que el "gobierno espurio actúa una vez más de manera anticonstitucional para favorecer empresas trasnacionales".

Finalmente, hizo un llamado para el próximo miércoles 9 de enero se conforme el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Citó a las 18 horas Doctor Claudio Bernard 111 esquina Niños Héroes, Col. Doctores. Al acto, anunció, acudirá el "presidente legítimo" Andrés Manuel López Obrador.

La definición

Luis Javier Garrido

El gobierno ilegítimo de Felipe Calderón no oculta ya a un año de su imposición que uno de sus objetivos centrales es el desmantelamiento total de la Constitución Mexicana de 1917, y lo que está aconteciendo en el campo es un ejemplo claro.

1. El año de 2008 se ha iniciado con el gobierno calderonista de facto empeñado en imponer las políticas que exigen algunos poderes trasnacionales y la mafia mexicana coludida con ellos, y así anuncia que no cederá en su propósito de proseguir la privatización de Pemex y de la CFE, de desmantelar al IMSS y al ISSSTE, de cancelar derechos históricos de los trabajadores y de imponer otros programas neoliberales, por lo que con profundo fanatismo y una enorme irresponsabilidad histórica se ha negado a renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) que desgrava las importaciones de maíz, frijol, leche y otros productos, sin darse cabal cuenta de la responsabilidad histórica que está contrayendo.

2. La respuesta de las organizaciones sociales y democráticas ante la cerrazón de los fanáticos panistas y priístas que gobiernan al país ha sido en este caso unánime y han definido un plan de lucha que en lo inmediato supone a) múltiples acciones de resistencia civil, pero también b) una defensa por la vía jurídica, que a fin de cuentas es no sólo de los derechos fundamentales de los campesinos mexicanos, sino del orden constitucional mismo.

3. Los abogados de las organizaciones campesinas de varios estados han empezado la lucha por la vía legal e interpondrán en breve, según anunciaba La Jornada el miércoles 2, una serie de amparos sobre la base de que este capítulo violenta principios centrales de la Constitución, consignados en los artículos 1, 3, 14, 16, 25 y 133, y que ésta debe en todo caso prevalecer.

4. La ficción institucional que vive el país sobre la vigencia de la Constitución y el orden jurídico entra de esta manera en uno de sus momentos de crisis con la disputa por el capítulo agropecuario del TLCAN, pues las organizaciones que lo impugnan lo hacen con la Constitución en la mano, con la convicción de que su puesta en vigencia este primero de enero es violatoria del orden de derecho que formalmente existe en México y de que el Poder Judicial no tiene otra alternativa que darles la razón y otorgarles la protección de la justicia, aunque a sabiendas de que la legalidad en México está rota al haber decidido la mafia en el poder imponer un modelo de dominación por sobre las leyes escritas.

5. El gobierno neoliberal de facto de Felipe Calderón que, contra la razón y el derecho –y con profundo servilismo hacia las fuerzas trasnacionales–, se ha negado a renegociar este capítulo –a pesar del derecho que le asiste a México para ello conforme al propio TLCAN–, una vez más está dispuesto a pasar en los hechos por encima de la Constitución como ha hecho a lo largo de estos meses, en la expectativa de que el Poder Judicial sometido a la mafia en el poder (que él formalmente representa) le haga una vez más la faena sucia y falle en contra de las organizaciones campesinas o, al menos, como ha hecho en las últimas ocasiones eluda su responsabilidad y trate de evitar comprometerse (como trató de hacer infructuosamente en los casos de las elecciones presidenciales de 2006 o del gobernador de Puebla), lo que ahora se ve aún más difícil.

6. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está, por consiguiente, ante una responsabilidad histórica, pues se trata no únicamente de fallar en un caso concreto sobre la violación de los derechos fundamentales de los campesinos, sino dirimir una vez más si un tratado internacional puede estar por encima de la Constitución, si México ha de tener una soberanía alimentaria y si aún está en vigor el principio de la rectoría del Estado: es decir, si los sustentos de la Constitución de 1917 aún están vigentes y, en consecuencia, si hay en el México actual todavía la posibilidad de tener un Poder Judicial autónomo que someta al Ejecutivo a la legalidad, como le ordena lo haga el texto constitucional. En otras palabras, si hay en México aún la vía para dirimir las cuestiones fundamentales por la vía del derecho o si todo ha de resolverse en el futuro por la vía de los hechos.

7. El gobierno panista ilegítimo confía en que como en tantos otros momentos críticos de los últimos años en los que se ha buscado imponer medidas fundamentales del modelo neoliberal cancelando derechos históricos de los mexicanos, en esta ocasión por medio de una vasta campaña de desinformación que ya se está orquestando y con el ofrecimiento de algunas medidas paliativas ridículas se va a lograr detener las inconformidades. Los medios, minimizando la situación, insisten ya, por lo mismo, en que sólo son grupos minoritarios de campesinos los que se inconforman de manera pasajera y en que los efectos de los principios que se ponen en vigor no serán tan catastróficos como muchos suponen.

8. La mafia oligárquica en el poder no parece haber medido, sin embargo, las consecuencias de sus políticas, pues si la puesta en vigencia del capítulo agropecuario del TLCAN en este año de 2008 lleva a un verdadero exterminio del pueblo campesino de México –que es uno de los objetivos expresos del TLCAN y de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional–, muy probablemente decretará también en los hechos el fin de la vigencia de la Constitución Política de 1917, lo que es algo muy distinto, pues el país iría hacia un vacío jurídico.

9. En un país en el que el propio gobierno sometido a poderes trasnacionales violenta la Constitución que protestó guardar y hacer guardar, e instaura un orden de facto sustentado en la ilegalidad, se abre la vía a un quiebre histórico.

10. Lo que está aconteciendo es de enorme gravedad, pues México es un país de fundamentos agrarios, y si se va hacia la ilegalidad total, como lo está haciendo el gobierno pelele calderonista, no se está dejando más vía a los mexicanos que la de la insurrección popular.