Elecciones fallidas y oposición democrática

A raíz de los comicios celebrados ayer en 14 estados de la República, más de mil 300 políticos desprestigiados en breve estrenarán sus cargos a partir de procesos electorales manchados por una larga sombra de irregularidades. Ante esta debilidad originaria en su legitimidad, la clase política apostará una vez más a las limosnas neoliberales y a la unidad política para sanear las heridas. También se buscará prevenir las expresiones de descontento social por medio de la intimidación y la cooptación de la oposición.

Pero los acontecimientos recientes en Egipto, Turquía y Brasil enseñan que este tipo de estrategias están destinadas al fracaso. En aquellos países ha quedado claro que la mera celebración de elecciones populares no resuelve el reto más profundo de la legitimidad democrática. Cuando un gobierno no toma en cuenta las necesidades ciudadanas y los canales institucionales para expresar el descontento fallan, el resultado inevitable son las movilizaciones sociales y la inestabilidad política.

Lo verdaderamente importante para el avance de la democracia no es la supuesta efectividad tecnocrática gubernamental o el cumplimiento de compromisos vacíos, sino la fortaleza de la oposición política. En Egipto, las movilizaciones han tenido el enorme éxito histórico de derrocar a dos presidentes autoritarios, neoliberales y serviles a Estados Unidos, pero no han podido articular un renovado poder ciudadano capaz de imponer nuevas coordenadas a la política nacional. Siguen mandando las fuerzas armadas y continúa enquistada en el poder la vieja burocracia autoritaria.

En Turquía, la incapacidad de la oposición partidista, al gobierno derechista y conservador del primer ministro Recep Tayyip Erdogan, de vincularse con la sociedad civil y articular un polo opositor generó un enorme vacío político que se desbordó el mes pasado. En Brasil, el mismo alejamiento de la clase política de las necesidades y las demandas sociales creó una situación también explosiva. Si las nuevas movilizaciones en estos dos países no logran echar raíces y articular proyectos nacionales alternativos, el espejo de Egipto podría reflejar su propio futuro.

En México acontece algo similar. Nuestro país es también una potencia mundial, con enormes recursos naturales y humanos, así como una sociedad compleja y consciente, que ha sufrido los efectos de una inserción desigual e injusta en el mundo globalizado. Y de la misma manera en que los egipcios han expulsado dos dictadores del poder solamente para dar la bienvenida a sus viejos represores, en México la ciudadanía también ha repudiado dos veces a gobiernos autoritarios, primero al PRI en 2000 y después al PAN en 2012, para terminar en los brazos de la misma reacción de siempre.

Estos escenarios volverán a ocurrir una y otra vez si no se construye una oposición política fuerte y con profundas raíces en la sociedad civil. También hacen falta nuevos liderazgos que surjan directamente de la sociedad sin vinculación alguna con las viejas sectas y rencillas políticas. Ya basta de circular y rehabilitar los mismos cuadros que han disputado el poder desde siempre. Habría que iniciar la larga marcha de apalancar los grandes éxitos de los movimientos populares de las últimas décadas para dar paso a una fase ofensiva capaz de generar nuevas coyunturas, escenarios y liderazgos.

La lucha será difícil porque los institutos electorales del país han demostrado que son incapaces de imponer el estado de derecho y la plena libertad del voto. Más de un año después de las elecciones federales de 2012, el IFE no ha podido ni siquiera culminar su proceso de fiscalización. En franca violación a la ley, ha postergado por una segunda ocasión su resolución en la materia, dejando impunes la infinidad de irregularidades cometidas el año pasado. 

Asimismo, la Unidad de Fis­ca­lización del IFE ha formulado la increíble e indignante propuesta de absolver a Enrique Peña Nieto de las denuncias de haber rebasado el tope de gasto de campaña de 336 millones de pesos. Así como en 1988 la Secretaría de Gobernación maquilló los resultados para asegurar que la votación de Carlos Salinas fuera técnicamente mayoritaria, con 50.36% de la votación, hoy el IFE cuadra las cifras para garantizar que el monto total que hubiera gastado Peña Nieto quede 6 millones abajo del tope permitido. Permanece la cultura del fraude y se confirma la sospecha de que para ganar elecciones no importa la capacidad de gobernar, sino solamente la efectividad para simular.

Mientras, la posición del gobierno de Peña Nieto con respecto al renovado imperialismo estadunidense corroe su ya de por sí mermada legitimidad. Los pusilánimes pronunciamientos y la total inacción frente a los casos del secuestro de Evo Morales, el espionaje de Washington y la eventual militarización de la frontera norte revelan un gobierno que no tiene interés alguno en defender la soberanía nacional ni latinoamericana.

Existe una gran oportunidad histórica para llenar el vacío de legitimidad generado por la traición de los políticos y las instituciones a la Constitución, la democracia y la soberanía. El futuro político de México dependerá de la articulación de un fuerte y coordinado frente social opositor que, a partir de una estrategia coordinada internacionalmente, desplace a los viejos políticos y articule un nuevo proyecto de transformación nacional.

Del blog de John Ackerman, www.johnackerman.blogspot.com.

Las "respetables" encuestas

"Les diría a los ciudadanos que desconfíen de una encuesta que no presenta bases de datos, tasa de rechazo, tamaño de la muestra o el margen de error".
María Marván, Consejera del IFE.

En esta campaña electoral* han abundado las encuestas como nunca antes y la mayoría de ellas apunta al inexorable triunfo a Enrique Peña Nieto (EPN). Estaremos de acuerdo en que por lo general otorgamos a priori a las encuestas un gran ascendiente por ser un instrumento con bases científicas, y por lo tanto resulta difícil no creerles. Para quien no es simpatizante de EPN es aún más difícil mantener el aplomo viendo los números que éstas consistentemente han reportado. Para quienes lo apoyan, éstas son la antesala del esperado clímax.

Consideremos un caso paradigmático, de entre las encuestas que, según se colige de las palabras de María Marván, no habría que desconfiar: el de las encuestas de GEA-ISA-Milenio. Este triunvirato ha publicado hasta la fecha 95 encuestas, a razón de una diaria. Ahora bien, para levantar una encuesta válida es preciso tomar una muestra al azar del padrón electoral y entrevistar a los seleccionados por esta muestra. Esto quiere decir que en la selección de las personas a entrevistar puede figurar una persona de la Sierra de los Cucapah, dos de Creel, uno de Zacapu, uno en Río Frío, uno en Cozumel, tres de Guadalajara, etcétera. La teoría nos dice que si la muestra es aleatoria y de tamaño suficiente, ésta será un buen representante del universo de electores.  Sin embargo, al intentar entrevistar a los seleccionados es probable que algunas de estas personas sean en ese momento inalcanzables (por situaciones adversas a los encuestadores, por ejemplo, por la lluvia o por perros callejeros), no estén en su domicilio o no quieran contestar. Es imposible a priori saberlo. Entonces, puede ser que de 1500 personas seleccionadas originalmente del padrón electoral, quizá contestaron 1355, o 1147.

Es pertinente insistir en el hecho de que Milenio-GEA-ISA publica una encuesta diaria. Es decir, que estas casas encuestadoras tienen que seleccionar diariamente del padrón electoral, al azar, una cierta cantidad de personas diferentes y realizar el mismo procedimiento. Pero como se supone que son personas diferentes, en localidades sin correlación con las del día anterior, etcétera, la respuesta varía. Es decir, que un día habrán obtenido 1152, el otro 1311, 1098, 1021, etcétera. Es fácil estar de acuerdo en que es imposible que el número de entrevistados no varíe de un día a otro, pero para quien argumente que el muestreo se puede detener exactamente en 1200 personas, por ejemplo, tómese en cuenta que existen para una encuesta de este tamaño entre 50 y 100 entrevistadores en distintos lugares, completamente ignorantes de los resultados de sus compañeros y, por lo tanto, entrevistarán al máximo posible de seleccionados que tengan asignados, pues de eso dependerá probablemente la cuantía de su paga. (Es preciso mencionar aquí, de paso, que las encuestas deben ser realizadas en domicilios para ser consideradas válidas por el IFE. No pueden ser telefónicas ni realizarse con personas entrevistadas en la vía pública).

La numeralia

Ahora echemos un vistazo a la Encuesta de las Encuestas y observemos lo que reporta GEA-ISA-Milenio. Lo primero que salta a la vista, es, desde luego, los resultado mismos de sus encuestas diarias, pues son las que consistentemente reportan la preferencia más alta a favor de EPN (la última otorga una ventaja de 18.1% a EPN sobre AMLO). Sin embargo, existe algo más: su muestra es predominantemente de 1152 personas: de las 95 encuestas publicadas por GEA-ISA-Milenio hasta el 20 de junio, sólo 24 reportan un número diferente (los números varían entre 1119 y 1152). (Dicho sea de paso, con ese tamaño de muestra, como se dice en el argot estadístico, el margen de error es de alrededor del 2.9% --éste se obtiene simplemente al dividir uno por la raíz cuadrada de 1152 y multiplicar el resultado por 100--). El asunto de la persistencia de ese número se puede reformular plausiblemente en términos de la distribución binomial de probabilidad: ¿Cuál es la probabilidad de que en 95 tiros (el número de encuestas hecha por Milenio-GEA-ISA) de un (hipotético) dado de 34 lados (1152 - 1119 + 1 = 34) se obtenga 71 veces el mismo número (1152)? He aquí la respuesta:

0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000085735.

(Son 84 ceros). Si nuestra estimación estuviera errada, podemos tomarnos la libertad de corregirla a voluntad, haciendo la probabilidad 10, 100, un millón, o, si queremos, cien mil millones de veces mayor. El resultado sigue siendo tan pequeño que incluso los científicos atomísticos no se sentirían a gusto manejando esta cantidad. Para nuestros fines, la probabilidad es cero: tal conjunto de sucesos es imposible (por el contrario, la probabilidad total de que algo ocurra es 1).

Otras consideraciones

Por otro lado, puesto que las dificultades técnicas son enormes, cada encuesta es un trabajo de varios días de levantamiento en campo y quizá de un par de días más de procesamiento de los datos. Pero Milenio-GEA-ISA logra la proeza de realizar una diaria, lo que implica una logística muy complicada pues es necesario tener permanentemente desplegados varios equipos de encuestadores, es decir, de algunos centenares de encuestadores coordinados desde bases operativas repartidas por todo el país.

No menos importante resulta el factor costo: Es sabido que los encuestadores cobran a sus clientes alrededor de 250 pesos por cada cuestionario lleno y válido. Es decir que, como mínimo, Milenio está pagando diariamente más de 250 mil pesos a GEA-ISA por realizar su encuesta. Probablemente el dinero no sea una objeción para Milenio, pero más no es necesariamente mejor, y si la encuesta está bien hecha, las pequeñas variaciones obtenidas de un día a otro son mucho menores que el margen de error. Esto, por supuesto, lo sabe cualquier casa encuestadora, y lo deberían saber sus clientes. Entonces ¿en qué beneficia a Milenio publicar una encuesta diaria en vez de una semanal o quincenal? Y si las encuestas se hacen siguiendo una metodología científica, cual debieran, siguiendo los lineamientos marcados por el IFE, ¿cómo es que difieren tanto los datos entre una y otra, si el error máximo debería andar alrededor del 3%? (En otras palabras, los resultados de todas las encuestas hechas con criterios científicos se deberían distribuir en una banda de 3 o 4%). En palabras de María Marván: "¿Cómo pueden encuestas que dicen ser nacionales traer 20 puntos de ventaja y otra de cuatro? No es creíble. Eso quiere decir, necesariamente, que una de las dos miente".

Por cierto, las encuestas de GEA-ISA (sin Milenio), Mitofsky, El Sol de México-Parametría, Ipsos-Bimsa, Parametría (sin El Sol de México), El Universal-Buendía y Laredo y SDP Noticias-Covarrubias publican encuestas con muestras de 1000 personas. Si bien los únicos que publican muestras diarias son GEA-ISA-Milenio, el razonamiento anterior también es aplicable a estas casas. Sin embargo existe una salvedad en aquel caso, y es que el número 1000 (casi tan bueno como el 1152 de marras en términos estadísticos, pero, al fin y al cabo, un número "cerrado") puede haber sido, no se especifica, el número de personas seleccionadas aleatoriamente, y no el número de personas entrevistadas. Sin embargo esto implica, en el mejor de los casos, una pequeña trampa, puesto que no se conoce en realidad el tamaño de la población muestreada.

¿Qué es lo que pasa entonces? Que las casas encuestadoras manipulan el diseño de su muestra, rompiendo su aleatoriedad por razones de índole práctica, económica, o con un fin aviesamente político. En el caso más venial éstas practican lo que llaman "sustitución", que consiste en cambiar a alguien seleccionado por alguien más accesible o a modo. La lógica es más o menos la siguiente: "¿Qué caso tiene viajar 6 horas en automóvil y luego dos horas a lomo de mula para entrevistar a Juan en su domicilio del otro lado de la sierra, si puedo entrevistar a Pedro que es mi empleado y está aquí, o, si acaso, salir a la banqueta y preguntarle al primero que pase?" O de plano, realizar un muestreo estratificado: irse a una colonia o a una ciudad favorable a tal o cual candidato, enfatizar los muestreos en determinada clase social, o en cierto intervalo de edades, etcétera. Entonces, aunque en realidad las casas encuestadoras realicen las encuestas que dicen que hicieron (descartando -quizá ingenuamente- la posibilidad de que simplemente se hayan inventado los números) el efecto neto es el de cargar los dados. En términos estadísticos una encuesta así, por supuesto, no sirve, pues no es un buen representante de la opinión del total de los votantes.

Los mismos consejeros del IFE han advertido sobre la recurrente falta de cumplimento de las normas por parte de los encuestadores, entre ellas, el de entregar a este organismo la información técnica de cada encuesta. Y como generalmente no está claro quién paga esas encuestas, recurriremos, para terminar, al latinajo: cui bono?

Bien dicen los que saben que hay mentiritas, mentirotas, y estadísticas.

El autor agradece los comentarios de los doctores Pilar Alonso, Jorge López, Macario Hernández y Luis B. Morales.

*Este artículo aparecío originalmente en Colloqui.org en junio de 2012, pero se había quedado en el tintero aquí.

Gana, otra vez, el retroceso democrático…

La primera elección de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República dejó como saldo al menos 12 candidatos muertos, decenas de heridos en atentados, secuestros, acarreos, sobornos…

Las irregularidades denunciadas a tiempo volvieron a estar presentes el día de la elección y empañaron de nuevo una jornada que debió ser de avance hacia la civilidad y transparencia.

Lo que queda, al final, es otra muestra de retroceso para la aspiración democrática de los ciudadanos en México. Los partidos políticos, y los gobiernos federal y estatales en turno, no están dispuestos a competir con honorabilidad y, a partir de esto, es imposible fomentar y salvaguardar una saludable participación ciudadana en las urnas.

Ayer, Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que este proceso electoral no sólo fue el más violento que se ha visto en el país, sino también uno en el que los gobernadores metieron mano a placer –en especial los del Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, por lo que México regresó en un tris a las prácticas de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.

El dinero utilizado para financiar campañas más allá de lo permitido en la ley y comprar votos, proveniente de los gobiernos e incluso del crimen organizado –como también denunció el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva–, pervirtió de nuevo este proceso.

Otra vez se puso en la mesa de discusión la importancia del dinero en la política y su uso para corromper las conciencias de los votantes. Es un tema que debe afrontarse con urgencia en una reforma política, que cree mecanismos legales aún más férreos para que las autoridades electorales cumplan verdaderamente con su misión de garantizar equidad y transparencia en la competencia política.

Hoy por hoy, las autoridades electorales, sea el Instituto Federal Electoral (IFE) o los institutos locales, carecen de credibilidad por su inacción para prevenir trampas y fraudes.

Más allá de que los resultados de este domingo alterarán el futuro de las tres fuerzas políticas más importantes del país (PRI, PAN y PRD) e incluso la permanencia como del Pacto por México como fue concebido, las evidencias muestran que los mecanismos legales y administrativos bajo los cuales funcionan los partidos políticos y las autoridades electorales no funcionan, si enfrente hay un gobierno –sea federal o estatal– sin voluntad política y dispuesto a afianzarse en el poder cueste lo que cueste.

El riesgo de llegar al poder en esta forma, con fraudes, irregularidades y “carros completos”, es que la percepción de los ciudadanos y la opinión pública no permiten legitimar a los gobiernos o, como en esta ocasión, tampoco a las legislaturas electas. Además, se inhibe la participación ciudadana, la competencia real y, por tanto, la creación de cultura política en la sociedad mexicana.

Lo que dejan estos comicios es, de nuevo, a ciudadanos frustrados, incapaces de convertirse en defensores de las libertades democráticas, poco satisfechos con el funcionamiento de sus gobiernos y, como consecuencia, escépticos de todo tema relacionado con las instituciones políticas.

(Artículo aparecido en Casa de Citas, de SinEmbargo.com.mx, lunes 8 de julio de 2013).

La primera elección de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República dejó como saldo al menos 12 candidatos muertos, decenas de heridos en atentados, secuestros, acarreos, sobornos… Las irregularidades denunciadas a tiempo volvieron a estar presentes el día de la elección y empañaron de nuevo una jornada que debió ser de avance hacia la civilidad y transparencia. Lo que queda, al final, es otra muestra de retroceso para la aspiración democrática de los ciudadanos en México. Los partidos políticos, y los gobiernos federal y estatales en turno, no están dispuestos a competir con honorabilidad y, a partir de esto, es imposible fomentar y salvaguardar una saludable participación ciudadana en las urnas. Ayer, Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), denunció que este proceso electoral no sólo fue el más violento que se ha visto en el país, sino también uno en el que los gobernadores metieron mano a placer –en especial los del Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, por lo que México regresó en un tris a las prácticas de las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. El dinero utilizado para financiar campañas más allá de lo permitido en la ley y comprar votos, proveniente de los gobiernos e incluso del crimen organizado –como también denunció el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva–, pervirtió de nuevo este proceso. Otra vez se puso en la mesa de discusión la importancia del dinero en la política y su uso para corromper las conciencias de los votantes. Es un tema que debe afrontarse con urgencia en una reforma política, que cree mecanismos legales aún más férreos para que las autoridades electorales cumplan verdaderamente con su misión de garantizar equidad y transparencia en la competencia política. Hoy por hoy, las autoridades electorales, sea el Instituto Federal Electoral (IFE) o los institutos locales, carecen de credibilidad por su inacción para prevenir trampas y fraudes. Más allá de que los resultados de este domingo alterarán el futuro de las tres fuerzas políticas más importantes del país (PRI, PAN y PRD) e incluso la permanencia como del Pacto por México como fue concebido, las evidencias muestran que los mecanismos legales y administrativos bajo los cuales funcionan los partidos políticos y las autoridades electorales no funcionan, si enfrente hay un gobierno –sea federal o estatal– sin voluntad política y dispuesto a afianzarse en el poder cueste lo que cueste. El riesgo de llegar al poder en esta forma, con fraudes, irregularidades y “carros completos”, es que la percepción de los ciudadanos y la opinión pública no permiten legitimar a los gobiernos o, como en esta ocasión, tampoco a las legislaturas electas. Además, se inhibe la participación ciudadana, la competencia real y, por tanto, la creación de cultura política en la sociedad mexicana. Lo que dejan estos comicios es, de nuevo, a ciudadanos frustrados, incapaces de convertirse en defensores de las libertades democráticas, poco satisfechos con el funcionamiento de sus gobiernos y, como consecuencia, escépticos de todo tema relacionado con las instituciones políticas.

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/08-07-2013/15765. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

Edomex: La torta y la coca

(¡Uf! Es difícil abrirse paso entre las telarañas que se han formado en este sitio desde la última publicación).

Pues qué sorpresa, el carro completo del PRI. Lo que sorprende, sin embargo, no son las mañas del dinosaurio, los derroches publicitarios, el dinero sucio, los medios obsequiosos, las encuestas a modo, el reparto de despensas, los acarreados, la ingeniería electoral, los órganos "autónomos" de control controlados por el PRI-gobierno... lo que sorprende es ver que en los estados donde hubo elección, la gente sigue siendo presa de la maquinaria del PRI.

Después de las únicas elecciones federales democráticas que ha habido en México, las del 2000 (sí, gracias al vilipendiado Zedillo, que tuvo esa delicadeza), el despertar ciudadano creció, sin duda, hasta llegar los tiempos electorales del 2006. Sin embargo la manaza de un traidor a la democracia, Vicente Fox, quien fue, por cierto, el primer beneficiario de ella, inclinó la balanza, cargó los dados, corrompió el entonces buen nombre del IFE, y logró, con todo el peso del gobierno, desquitarse, según sus propias declaraciones, de aquel gallo al que no le quitaban ni una pluma.

Si bien es cierto que en el Estado de México la historia ha sido siempre la misma, el despertar ciudadano, ése del que hablo, después del fraude del 2006 debió haber sacado de su letargo la conciencia colectiva de los mexiquenses, de manera que no sucumbieran, como siempre, a las tácticas del PRI de siempre. Pero ya vimos que no fue así. Ni el video del reloj en Bijan, ni el video de los acarreados al mítin de Eruviel, ni su torpeza en los debates... vaya, ni siquiera las inundaciones en Ecatepec, que no pudieron presentarse en un peor momento, hicieron mella en una elección arreglada, comprada y cocinada desde antes. Sorprende ver el poder de compra de electores que aún tienen una torta y una coca.

Y si, como dicen, las elecciones en el Estado de México son el preludio de las federales, tendremos que presenciar, inermes, cómo el copetón se sienta, triunfal, ataviado por Bijan, en la silla presidencial, después de 6 largos años de campaña mediática, ilegal y cínica. Las instituciones garantes de la democracia, que a todos nos cuestan, habrán fallado una vez más en su encomienda y en su raison d'etre. México caminará aún más en la dirección de la polarización social y de la desesperanza de la mayoría, y estará más cerca de ser, según el término de moda, un estado fallido.

El secuestro del IFE

John M. Ackerman

Resulta paradójico, pero hasta ahora el atraso en el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) es una victoria contundente para la democracia. Los diputados Alejandro Encinas, Javier Corral y Josefina Vázquez Mota han mostrado gran entereza al resistir los embates y "regalos envenenados" del PRI. Resulta mejor contar con un Consejo General de seis integrantes, tres de los cuales tienen independencia del PRI, que un consejo de nueve miembros dominado por un bloque de cuatro priístas al cual en cualquier momento se le podría sumar el consejero presidente para constituir una mayoría aplastante. Se equivoca José Woldenberg cuando minimiza esta cuestión al afirmar que ningún partido va a ganar o a perder una elección federal por los consejeros electorales que se sienten en la mesa del consejo del IFE. La victoria de Vicente Fox en 2000 fue posible precisamente porque el PRI no controló el nombramiento de todos los consejeros en 1996. Si no hubiera sido por la inclusión de un bloque mayoritario de cinco consejeros totalmente independientes del PRI, muy probablemente no hubiéramos sido testigos de la alternancia en el año 2000. Hasta la fecha, los priístas todavía acusan de traición al partido a Emilio Chauyffet, quien como secretario de Gobernación en 1996 tuvo a su cargo la negociación.

El resultado de las elecciones de 2006 también dependió de los perfiles de los integrantes del Consejo General. Si Elba Esther Gordillo y el PAN no hubieran controlado la mayoría de los asientos en la herradura de Viaducto Tlalpan, hubiera sido simplemente imposible meterle el pie a López Obrador en la campaña electoral de forma tan cínica e ilegal. También se hubiera complicado sobremanera la imposición del controvertido resultado electoral, que hasta la fecha no ha sido aclarado o transparentado. De acuerdo con El Universal, aún hoy 38 por ciento de la población no confía en los resultados de 2006 y 44 por ciento tampoco en que se respetará la voluntad popular en los comicios de 2012. Más recientemente, dos consejeros cercanos al PRI, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, han demostrado el peso de la lealtad política en el seno del IFE. El pasado 14 de octubre ambos consejeros dictaron de manera ilegal y unilateral medidas cautelares en contra de un anuncio del PT que supuestamente denigraba al viejo partido de Estado, porque se señalaba a Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas como integrantes de la mafia que domina el país. La decisión no tiene sustento jurídico, ya que el anuncio no mencionó al PRI en ningún momento y ni Peña Nieto ni Salinas se habían quejado ante el IFE.

El Revolucionario Institucional tiene perfectamente clara la importancia estratégica de asegurar una correlación de fuerzas a su favor en el seno del Consejo General. Hoy, los diputados de este partido, de nuevo bajo la influencia del mismo Chauyffet, no están dispuestos a dejar que se cometa otra traición. De allí viene la terca insistencia en asegurar dos de los tres lugares que se renuevan. Ahora bien, en esta ocasión los dos sitios por asignar no están siendo pensados para los alfiles o incondicionales de los coordinadores parlamentarios del tricolor, como ocurrió en las renovaciones de 2008, sino para el pago directo por los favores recibidos a los actores y poderes fácticos: uno va a Televisa, para que preste oídos sordos a los coqueteos de Molinar y Calderón, y el otro para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María de Carmen Alanís, quien recientemente aseguró que las cerradas victorias del PRI en Durango y Veracruz pudieron ratificarse sin problema en tribunales.

Con respecto a los candidatos que vienen del TEPJF se presenta una irregularidad mayúscula. Los principios más elementales de la ética exigirían a Jacinto Silva, Adriana Favela, Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y Roberto Duque que se separen de inmediato de sus cargos si todavía desean participar en el proceso totalmente amañado e ilegítimo con el que se piensa renovar el IFE. Participar en la grilla de San Lázaro simplemente no es compatible con la imparcialidad que debe caracterizar la labor profesional en el TEPJF. La obsesión del PRI por colocar incondicionales ha llegado al extremo de que ni siquiera está dispuesto a aceptar la razonable propuesta del PRD de realizar una selección aleatoria entre los 17 finalistas, algo que, por cierto, un servidor propuso desde septiembre en su columna en Proceso(http://bit.ly/aK7T5w).

La propuesta, en términos propiamente estadísticos, beneficiaría altricolor, ya que junto con el PVEM logró colar nueve de los 17 nombres. Pero lo que interesa al PRI no son tanto los nombres de los que entren, sino la manera de ingreso, para después poder cobrar las facturas correspondientes.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Será ingenuo imaginar que los priístas de repente se den cuenta del grave daño que están provocando a la democracia. También se ve difícil que el PRD y el PAN abdiquen y cedan la plaza. Se podría modificar el procedimiento de nombramiento, pero esto también requeriría de la anuencia del viejo partido del Estado. Parece que una vez más tendría que ser la sociedad la que desatore los conflictos de los políticos. La única esperanza sería un levantamiento cívico que haga ver al PRI lo costoso que podría resultar este nuevo secuestro institucional.

Crisis y elecciones

John M. Ackerman

De acuerdo con la teoría, la actual crisis económica tendría que desembocarse en una derrota contundente tanto para el PAN como para el PRI en las urnas. La extensa investigación académica sobre el tema del comportamiento de los votantes en un contexto democrático no podría ser más claro: la situación económica es uno de los factores más importantes para determinar el sentido del voto de la población. Cuando la economía crece los ciudadanos tienden a respaldar a los partidos en el poder. En contraste, las crisis económicas son desastrosas para los partidos gobernantes y sus aliados. La victoria de Barack Obama en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido mucho más complicada si no fuera por los evidentes signos de crisis económica que se asomaron en las semanas antes de la elección presidencial.

Sin embargo, actualmente nos encontramos en un escenario inverosímil en que aun con las crisis económica, política, social y de seguridad en que se encuentra el país, Felipe Calderón aparentemente mantiene una tasa de aprobación ciudadana que se aproxima a 66 por ciento y su fiel aliado, el Revolucionario Institucional, cuenta con el primer lugar en intención de voto para las elecciones de julio, casi tres veces más que la que existe actualmente para el PRD (véase Consulta Mitofsky y El Universal, entre otras). ¿Qué explica esta anomalía?

En primer lugar, algunos factores nos obligan a matizar estos datos. Aún no contamos con candidatos formales y el electorado mexicano ha demostrado ser cada día más sofisticado y crítico de las propuestas y los perfiles de los candidatos. Asimismo, los 23 millones de espots que están en proceso de transmisión tienen la potencial intención de reorientar la opinión pública y cambiar la imagen de los partidos políticos durante los próximos meses.

Otro factor es que lo peor de la crisis económica todavía está por manifestarse. Puede ser el caso de que para las elecciones de julio estemos hundidos en la fase más crítica de la crisis, con efectos inesperados sobre los resultados electorales.

No obstante, los niveles tanto de aprobación para Calderón como de intención de voto para el PRI no dejan de llamar la atención. Y lo que realmente preocupa es que se explican por factores estructurales que no se cambiarán de la noche a la mañana y que incluso podrían profundizarse en los próximos meses.

La popularidad del presidente en funciones es el resultado directo de su pacto con los principales medios electrónicos de comunicación. Esta alianza es lo que explica la falta de acción del Congreso en la apertura del mercado de telecomunicaciones, así como exabruptos graves como el perdón otorgado por el Instituto Federal Electoral (IFE) a las televisoras la semana antepasada.

Lamentablemente, conforme se vaya agudizando la crisis económica se fortalecerá este vínculo entre el poder Ejecutivo y los poderes fácticos. Ante la protesta social que se agudizará durante los próximos meses, el presidente estará más desesperado que nunca por contar con los reflectores televisivos. Esta situación lo colocará en una posición aún más debilitada ante los chantajes de Tv Azteca, Televisa y otros medios de comunicación.

Con respecto al tricolor, su fortaleza electoral está íntimamente relacionada con el corporativismo y el clientelismo que predominan en las entidades que gobierna. Este año en lugares como el estado de México, Oaxaca, Veracruz y Sonora, seguramente veremos votaciones en favor de los candidatos del PRI que nos recordarán los peores tiempos del acarreo y la compra y coacción del voto. El IFE tendría la responsabilidad de intervenir para prevenir y castigar estas prácticas, pero sus acciones hasta la fecha no levantan gran esperanza en su voluntad de asegurar el cumplimiento del estado de derecho en la arena electoral.

El viejo partido de Estado también cuenta con un as bajo la manga: la nueva Ley de Emergencia Económica. Esta propuesta de ley busca inyectar cantidades importantes de dinero público a la economía, así como flexibilizar la contratación de obra pública y servicios gubernamentales, justo en un momento en que los gobernadores están buscando todas las vías posibles para comprar votos e influir en la contienda electoral. Todo parece indicar que el PRI podría ser el principal beneficiario de esta nueva discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos.

No existe, desde luego, ninguna garantía de que el Revolucionario Institucional vaya a triunfar en las próximas elecciones federales. Todavía quedan muchos meses de campaña y la experiencia nos demuestra que la realidad política puede cambiar de manera rápida y totalmente inesperada. Sin embargo, si el PRD y la izquierda parlamentaria quieren tener alguna posibilidad de expandir su presencia en el país, no pueden permitirse el lujo de esperar con los brazos cruzados algún acontecimiento fortuito que cambie el escenario, sino que es urgente actuar desde ahora para transformar los términos del debate político nacional y plantear una visión clara y contrastante de su proyecto alternativo de nación. ■

P.D Enhorabuena por las reformas en materia electoral realizadas a la Ley Federal de Radio y Televisión en el Senado de la República, así como por las multas impuestas por el IFE a las televisoras. Tanto la reforma como las multas quedan muy cortas y todavía tienen que ser ratificadas por otras instancias. Sin embargo, habría que celebrar estos pequeños pasos por el sendero correcto.

La ley como fetiche

John M. Ackerman

El fetichismo se caracteriza por la atribución de poderes sobrenaturales a un objeto material o social. Augusto Comte utilizó el término para estudiar las religiones tradicionales que idolatran árboles, máscaras y tótems como entes mágicos. Carlos Marx teorizaba sobre el fetichismo del capital, que hace que las mercancías cobren vida y valor independiente del trabajo humano incorporado en ellas. Sigmund Freud escribió sobre los fetiches sexuales, encarnados en un objeto o una parte del cuerpo humano que provocan un deseo sexual desproporcionado. El fetichismo, pues, implica la extracción de algo de su contexto y la consecuente exageración de sus poderes propios.

La ley no es algo mágico o sobrenatural, sino una construcción social. Las normas son redactadas por personas con inquietudes políticas, escritas en un lenguaje en constante transformación, e interpretadas por seres humanos de carne y hueso. Es un grave error hablar de “la ley”, “el Estado de derecho” o “la legalidad” a secas, como si fueran entes con vida propia independiente del contexto social y político en que se desarrollan. Tal fetichismo de la norma nos remite a las peores épocas del autoritarismo del Estado en que ni la ciudadanía ni los servidores públicos tenían derecho a cuestionar o a interpretar la ley, sino tenían que limitarse a obedecer dócilmente la “razón del Estado”.

Los debates recientes sobre la consulta popular y la reforma petrolera demuestran que el fetichismo sigue vivo en el México democrático de hoy. En su agria réplica a Arnaldo Córdova (El Universal, viernes 13 de junio), Miguel Carbonell se erige guardián de la “ciencia jurídica” y califica a Córdova de “espiritista” e “ideólogo”. Carbonell se presenta como un intérprete puro del “alcance semántico” de las palabras de la Constitución, como alguien dotado de poderes sobrenaturales para sentir directamente y sin mediaciones la esencia de un objeto sagrado. Según él, todo lo demás es dogma e ideología. Pero cabe preguntarnos si el “espiritista” es Córdova o Carbonell, ya que al dar al traste con la historia del país y el pacto social encarnado en la Carta Magna el replicante termina convirtiendo la ley en fetiche.

Otro ejemplo al respecto lo constituye un texto reciente de José Woldenberg (“La consulta”, Reforma, 5 de junio) que recurre al famoso “principio de legalidad” para señalar que la consulta sería ilegal dado que los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que está explícitamente permitido por la ley. Siguiendo una larga tradición que utiliza este principio para justificar la inacción y la pasividad gubernamental, el autor concluye que Marcelo Ebrard no puede organizar una consulta en materia petrolera porque el Gobierno del Distrito Federal no cuenta con un voto en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con la muy particular interpretación del antiguo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), las autoridades públicas deben comportarse como autómatas burocratizados sin imaginación, creatividad o cercanía con la ciudadanía. Según Woldenberg, el jefe de Gobierno no tendría por qué inmiscuirse en asuntos que no son de su competencia, aun cuando un amplio porcentaje del presupuesto del Distrito Federal venga de participaciones federales financiadas precisamente por la renta petrolera.

El problema es que si llevamos esta lógica hasta sus últimas consecuencias llegaríamos a una situación de parálisis gubernamental verdaderamente absurda. Por ejemplo, el artículo 70 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal señala que los recorridos de los jefes delegacionales tienen la finalidad de “verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos [así como] el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés”. No se hace mención alguna a la problemática social de la entidad. Así que si un ciudadano se acercara al jefe delegacional durante su recorrido para conversar sobre la drogadicción o el desempleo, el servidor público tendría que evitar este intercambio o de lo contrario exponerse a ser enjuiciado por “extralimitarse” en sus funciones.

En el mismo orden de ideas, Diego Valadés nos ha recordado que tampoco hay norma que ordene a la Presidencia de la República realizar encuestas todos los días. Sería tan absurdo prohibir una consulta popular como impedir la realización de estos cotidianos sondeos. Ambas actividades son ejercicios perfectamente legítimos orientados a conocer la opinión y el sentir de la población.

Desde luego que quienes nos gobiernan deben tener cierto margen de maniobra para atender las necesidades de la ciudadanía, escuchar al electorado y cumplir con el mandato popular. Las leyes no son fetiches y no debieran ser empleadas como programas de computación, sino interpretadas con un sentido histórico y aplicadas con creatividad, arrojo y apertura. La consulta propuesta para el 27 de julio es un ejemplo de la nueva forma de ejercer el poder público que empieza a articularse en el México democrático de hoy.

¿Otra simulación?

John M. Ackerman

El peor enemigo de la democracia es la apatía ciudadana. Cuando los ciudadanos ya no encuentran sentido en acudir a las urnas o responder a las convocatorias del gobierno, la brecha entre la clase política y la sociedad se abre y el sistema pierde vitalidad. Este distanciamiento es sumamente peligroso, pues ceder el espacio público a los políticos profesionales genera mayor indiferencia entre la población y engendra un círculo vicioso que pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.

La respuesta a la convocatoria actual para ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) constituye una clara señal de alarma. En noviembre acudieron 491 personas al llamado de la Cámara de Diputados. Hoy, al terminar el último día para recibir las solicitudes de los candidatos, el número probablemente no llegará ni a la cuarta parte de los interesados durante el proceso anterior. Una auténtica emoción ciudadana ante una inédita apertura del Congreso ha sido remplazada por el escepticismo y el desánimo de siempre.

Algunos seguramente atribuirán la reducción del interés ciudadano al incómodo proceso de interrogación a que fueron sometidos los candidatos el año pasado. En aquel momento sobraron voces que lamentaron la “falta de respeto” y las “descalificaciones” que marcaron las entrevistas a algunos participantes. Efectivamente, puede ser que estos ríspidos intercambios hayan espantado a un par de personas preocupadas por los esqueletos que guarden en el clóset.

Pero la causa principal de la falta de interés ciudadano no es el comportamiento de los diputados durante el proceso público de auscultación, sino la total opacidad de las negociaciones de la Junta de Coordinación Política, muy a pesar de los mejores esfuerzos de Javier González Garza por abrir las discusiones. En particular, la encerrona en San Lázaro la noche previa al nombramiento de los consejeros constituyó un ejemplo nítido de la permanencia de las más oscuras formas de negociación política.

Hasta la fecha, los ciudadanos no contamos con ninguna información confiable sobre el proceso de deliberación de los diputados. No sabemos quién propuso a quién, cuáles fueron los criterios de evaluación de los candidatos finalistas, cuáles fueron las diferentes opciones posibles en la mesa de negociación y bajo qué argumentos se vetó a algunos candidatos. El cotilleo y los reportes periodísticos son nuestras únicas fuentes.

En consecuencia, nos quedamos con la impresión de que la convocatoria pública fue una mera simulación. Pareciera que hubo dos caminos paralelos sin relación alguna entre sí: un proceso público diseñado para prestar legitimidad al resultado final y otra vía secreta en que los coordinadores parlamentarios pactaron para repartir el botín del Consejo General. ¿Para qué concursar ahora, si la única función de la convocatoria es legitimar una decisión previamente acordada a espaldas de la ciudadanía?

Sin embargo, tal reacción es contraproducente, pues deja libre el camino a los políticos tradicionales. Por ejemplo, ante el reducido número de candidatas, Diódoro Carrasco ya ha anunciado su intención de romper con el acuerdo formal plasmado en la convocatoria de elegir tres mujeres en esta ronda. Hoy, en lugar de replegarnos y escondernos en un caparazón de apatía e indiferencia, habría que redoblar los esfuerzos por transparentar el proceso de selección.

Además, es incorrecto que la convocatoria no hubiera influido en el proceso de selección anterior. La auscultación pública movió el tablero de la negociación de manera importante. Cayeron algunos de los candidatos más fuertes y surgieron otros que no habían sido tomados en cuenta. En esta ocasión los ciudadanos deben pugnar por tener mayor influencia que el año pasado.

Tal como propusimos durante el proceso anterior, debemos exigir que las discusiones en el seno de la Comisión de Gobernación y la Junta de Coordinación Política sean públicas y se transmitan por el Canal del Congreso. Habría que ver hasta qué punto los legisladores realmente toman en cuenta las trayectorias y el conocimiento de los candidatos o simplemente se guían por filias y fobias. De otra forma se fortalecerá el escepticismo y llevará a graves repercusiones en la participación ciudadana tanto para la siguiente selección de consejeros como en las próximas elecciones federales. Este esparcimiento de la apatía podría poner en riesgo la vigencia del mismo sistema democrático que tanto nos ha costado construir.

P.D. Hoy a las 18 horas en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se inaugura un importante seminario internacional, que continuará hasta el miércoles, organizado por el laboratorio anticorrupción del IIS-UNAM y FUNDAR, que será fundamental para la comprensión del futuro de la transparencia en el país. Asimismo, el próximo martes 27 y miércoles 28 de mayo tendrá lugar el seminario El futuro del derecho electoral: los retos de la reforma, organizado por un servidor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Petróleo: crisis constitucional

John Saxe-Fernández

Como hace 20 años y bajo otro régimen de usurpación electoral, estamos sumidos en una crisis constitucional y de legitimidad de orden mayor. La ofensiva contra la normatividad de la Carta Magna vigente en materia petrolera, impulsada por Estados Unidos y un grupo de empresas contratistas –locales y extranjeras– por medio de una iniciativa energética con endoso formal de Felipe Calderón, fue enviada al Congreso el 10 de abril. Desde entonces Los Pinos actúa como sugirió el aparato publicitario y de espionaje estadunidense en México: una vez tomada la decisión de privatizar y entregar la renta petrolera, “todo se reduce a un juego de relaciones públicas”.

Salinas profundizó la privatización de facto, mientras “aseguraba” al público mexicano que Pemex “no se privatizaba” y que “el petróleo seguiría siendo de los mexicanos”.

En un análisis realizado para el Congreso estadunidense por la Comisión de Comercio Internacional (CCI), uno de los cabildos más poderosos, se decía que, “por razones de seguridad nacional, México no incluirá al petróleo en el TLC, aunque las autoridades mexicanas estudian ya mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para Pemex el control nominal sobre el hidrocarburo, permitan la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios” (La compra-venta de México, 2002, p. 314). Según la CCI, “... se afirmaría el interés nacional de EU”, ya que “Pemex es candidato a la liberación en el futuro y la paraestatal será reorganizada en varias divisiones, lo que parece ser el primer paso para abrir el camino a la inversión foránea”. Como hacen Felipe Calderón y Reyes Heroles hijo, los encargados de entonces siguieron el guión de la Casa Blanca y las petroleras.

Ni la vigencia del estado de derecho o las trabas constitucionales a la participación extranjera en Pemex preocupan a la CCI, cuyo análisis confidencial celebraba que “el actual régimen mexicano ha dado muestras de desapego al ordenamiento constitucional por su inclinación de aplicar mecanismos que le den la vuelta a la Constitución”. Luego, con maña, agregó: “… la actitud del gobierno tiene más que ver con la seguridad nacional que con una auténtica reverencia por la Constitución, por lo que no se considera que nuevas reformas serán gran problema”. Pero esa “seguridad nacional” mencionada por la CCI es la de Estados Unidos, no la de México. Como percibió Michael Wilson, de la Fundación Heritage, para Salinas “la seguridad mexicana es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos”. También para Calderón, cuyo polkismo lo corroboró al inicio del sexenio Tony Garza, embajador de Estados Unidos.

En la versión polka, México sería un “apéndice” de la potencia norteña. Más grave: esto ocurre en un contexto de anexionismo sui generis (“integración profunda”) y de unilateralidad policial-militar (ASPAN-Iniciativa Mérida) que pone en grave riesgo la noción misma de México como Estado-nación soberano e independiente y, por tanto, la seguridad nacional. Pero las fuerzas armadas de México sólo operan con legitimidad bajo el supuesto de que “la seguridad mexicana” está subsumida en la “soberanía” formalizada en la Constitución vigente. En sentido estricto quienes desde el Ejecutivo o Legislativo auspician la entrega de la renta petrolera por medio de modificaciones a las leyes que regulan el artículo 27 son “transgresores constitucionales” carentes de legitimidad para el ejercicio de la administración pública y el uso de los instrumentos policial-militares en la jurisdicción territorial federal y donde están localizados los recursos naturales codiciados por Washington.

La traición se consuma, como advirtió el general Lázaro Cárdenas, con “engendros que inconstitucionalmente vuelven a reconocer a favor de titulares extranjeros, derechos y prerrogativas que les son explícitamente negados por la Constitución”.